Imagen generada por IA sobre una tarjeta de crédito genérica. Foto EDH/
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla condenó a tres años de prisión a Jonathan Eliseo Ramírez González, tras declararlo culpable de los delitos de hurto por medios informáticos y obtención indebida de bienes o servicios mediante el uso de tarjetas inteligentes o medios similares.
La sentencia fue emitida durante una audiencia especial en la que se aplicó un procedimiento abreviado, luego de que el imputado admitiera los hechos y restituyera a la víctima la suma de $4,767 en concepto de responsabilidad civil.
No obstante, el tribunal concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por lo que el condenado permanecerá en libertad, sujeto al cumplimiento de estrictas reglas de conducta. Entre estas figuran someterse a tratamiento psicológico, abstenerse del consumo de drogas y mantener distancia de la víctima.
Asimismo, se ordenó que el Juzgado de Vigilancia y Ejecución de la Pena competente supervise el cumplimiento de las condiciones impuestas.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2025, cuando Ramírez González utilizó una tarjeta de crédito ajena para comprar teléfonos celulares en un establecimiento de Ciudad Merliot.
Marco legal
En la legislación salvadoreña, el uso indebido de tarjetas de crédito o débito está tipificado como delito cuando una persona emplea estos instrumentos sin autorización de su titular para obtener bienes o servicios. Esta conducta puede enmarcarse tanto en el hurto por medios informáticos como en la obtención fraudulenta de bienes, dependiendo de la forma en que se ejecute.
Además, la normativa penal también sanciona la posesión, manipulación o uso de datos asociados a tarjetas sin consentimiento, así como cualquier mecanismo orientado a realizar transacciones ilegítimas. Las penas pueden variar según la gravedad del hecho, el monto defraudado y la participación del imputado.
Este tipo de delitos ha cobrado relevancia en los últimos años debido al incremento de transacciones electrónicas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los mecanismos de investigación y sanción.
