Santa Ana es el departamento de El Salvador que más casos de feminicidios ha registrado en el 2026, de acuerdo al informe de ORMUSA. Foto / Referencia
La seguridad pública y ciudadana suele analizarse desde la perspectiva de las calles, las dinámicas delincuenciales o los espacios abiertos. Sin embargo, para las mujeres en El Salvador, las estadísticas recientes muestran un panorama alarmante: la mayor amenaza letal no proviene de desconocidos en la vía pública, sino de sus propios entornos afectivos, familiares y residenciales.
Según el informe emitido por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el país registra un total de 14 feminicidios y muertes violentas de mujeres.
Estos son casos documentados mediante el monitoreo sistemático de medios de comunicación entre el 1 de enero y el 23 de julio de 2026.
Además, la cifra iguala al total consolidado en el mismo tramo del año anterior (del 1 de enero al 31 de julio de 2025), confirmando una tendencia de estabilidad en la violencia feminicida dentro del período de observación.
El perfil del agresor en El Salvador: Cónyuges y conocidos a la cabeza
Al desglosar la tipología y la relación directa entre las víctimas y los agresores, los datos de ORMUSA permiten trazar con exactitud matemática quiénes están cometiendo estos crímenes en el territorio nacional:
Feminicidios de pareja: Representan la mayoría absoluta de la estadística, con 8 de los 14 casos registrados, lo que equivale al 57.1% del total general. Bajo este parámetro se agrupan las acciones perpetradas por parejas actuales o exparejas afectivas de las víctimas. “Los feminicidios de pareja representan el 57.1 % del total, confirmando que las relaciones afectivas continúan siendo uno de los principales escenarios donde se ejerce la violencia letal contra las mujeres. No obstante, los casos atribuidos a otros agresores evidencian que esta violencia también ocurre en distintos espacios sociales y comunitarios”, consigna una parte del informe de ORMUSA.
Otros agresores en el entorno cercano: Los 6 casos restantes (42.9%) correspondieron a otras tipologías de agresores. No obstante, al analizar de cerca el vínculo relacional general, al menos 11 de las 14 víctimas (el 78.6%) presuntamente conocían previamente a la persona que las asesinó. “Este hallazgo confirma que la violencia feminicida ocurre principalmente en entornos de confianza y cercanía, donde persisten relaciones de poder, control y violencia contra las mujeres”, indicó la organización.
Desglose de la relación Víctima-Agresor:
Pareja o expareja: 7 casos.
Personas conocidas de la víctima: 2 casos.
Pareja y una persona conocida: 1 caso.
Pareja de una conocida: 1 caso.
No determinado (N/D) en registros públicos: 3 casos.
Los datos demuestran que las relaciones afectivas y los espacios de cercanía comunitaria continúan constituyendo el escenario principal de la violencia letal basada en género, donde se manifiestan dinámicas de poder, control y asimetría extrema.
Geografía del riesgo: Santa Ana concentra los índices
El comportamiento de estos hechos letales posee una fuerte concentración geográfica en la zona occidental y central del país durante 2026.
Al revisar los registros por departamentos, la distribución territorial de los 14 casos se establece de la siguiente manera:
Santa Ana: 6 casos documentados, concentrando el 43% del total nacional.
San Salvador: 3 casos documentados, equivalentes al 21% de la estadística.
Cabañas: 2 casos documentados, que representan el 14%.
La Libertad: 1 caso documentado (7%).
La Paz: 1 caso documentado (7%).
Usulután: 1 caso documentado (7%).
Aunque Santa Ana absorbe casi la mitad de los crímenes documentados, la dispersión en otros cinco departamentos del territorio nacional evidencia la persistencia del fenómeno a nivel país, requiriendo que los mecanismos de prevención incorporen un enfoque territorializado y diferenciado.
El análisis estadístico sobre los modos de ejecución empleados por los agresores identifica al arma blanca como el mecanismo más recurrente de la muestra, acumulando 3 casos documentados (21.4%).
A este le siguen la asfixia y el uso de armas de fuego, registrando 2 casos cada una (14.3% individualmente).
Las modalidades restantes incluyeron variantes de violencia física severa, tales como golpes aislados (1 caso), golpes ejecutados con objetos contundentes (1 caso), lesiones directas con objetos contundentes (1 caso), un fallecimiento consignado bajo circunstancias sospechosas (1 caso) y 3 expedientes donde no fue factible identificar la causa de muerte exacta mediante las publicaciones de prensa analizadas.
Respecto a las edades de las víctimas, la afectación se distribuye principalmente en mujeres en edad adulta.
El desglose por rangos establece:
31 a 35 años, 41 a 45 años y 46 a 50 años: Concentran la mayoría con 2 casos por cada rango (6 víctimas en total).
26 a 30 años, 36 a 40 años y 61 a 65 años: Registran 1 caso por cada rango (3 víctimas en total).
No determinado (N/D): 5 casos (El 35.7% de las víctimas no cuentan con información pública sobre su edad, lo que evidencia las limitaciones en la cobertura de datos informativos de carácter público).
Dinámica temporal y efectividad en capturas en El Salvador
Durante el año 2026, el mes de mayo concentró el pico estadístico más alto con 5 incidentes (en contraste con el único caso reportado en mayo de 2025).
En contraposición, el mes de junio de 2026 cerró sin registros documentados en la prensa escrita y digital.
Finalmente, en lo concerniente a la situación legal y operativa de los implicados, el Observatorio procesó 16 registros vinculados a los 14 hechos de violencia letal, debido a que en ciertos crímenes intervino más de un partícipe.
La acción de las autoridades dio como resultado 11 capturas efectivas.
En los registros restantes, un presunto agresor se suicidó tras consumar el delito, otro falleció en un accidente vial durante su huida y en 3 casos la condición jurídica o paradero se mantiene bajo la condición de no determinado.
Un hallazgo crítico destacado en el informe establece que la víctima del caso ocurrido el pasado 22 de julio de 2026 contaba con medidas de protección vigentes al momento del crimen.
