La forma en la que la sequía afecta a las micro y pequeñas empresas (mypes) agropecuarias en el país no es igual para todas, pues mientras que algunas cuentan con recursos para invertir en sistemas de riego, almacenar agua o hacer cambios que les permitan mantener parte de su producción, otras dependen casi en totalidad de lo que cosechan en cada temporada y tienen menos posibilidades de enfrentar un período prolongado sin lluvias, según un análisis del Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI).

Según la entidad, en El Salvador funcionan unas 59,558 micro y pequeñas empresas agropecuarias, es decir, pequeñas unidades económicas dedicadas a la agricultura, y las cuales equivalen a casi un 7% de todas las mypes del país y, además, arroja que en un 87.1% de los casos esa actividad relacionada con la producción de alimentos representa la principal fuente de ingresos de sus propietarios, por lo que cuando las lluvias escasean no solo disminuye la producción agrícola, sino que también se reducen los ingresos de miles de familias que subsisten gracias al trabajo en el campo.

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En este sentido, el Observatorio explica que esa diferencia en la capacidad para enfrentar una sequía está relacionada con los recursos disponibles para cada negocio, ya que los productores con mayor capital pueden invertir en infraestructura o asistencia técnica para reducir las pérdidas, mientras que las unidades más pequeñas tienen que enfrentarse a medidas como disminuir la producción, vender parte de sus activos o endeudarse para continuar operando cuando las condiciones del clima empeoran.

Las conclusiones del análisis de FUSAI coinciden con las advertencias que especialistas agrícolas han hecho en las últimas semanas sobre la necesidad de que el país deje de depender únicamente del invierno para producir granos básicos, debido a que los cambios en el comportamiento de las lluvias hacen cada vez más difícil planificar las siembras y aumentan el riesgo de pérdidas durante las etapas en las que la semilla está desarrollándose.

Esa preocupación también ya fue planteada por la Mesa de Justicia Climática, que recientemente pidió dar prioridad a la agricultura familiar mediante programas de cosecha de agua, recuperación de suelos y otras medidas que ayuden a las familias campesinas a seguir produciendo alimentos aun cuando la lluvia sea insuficiente, al considerar que «fortalecer al campo también significa reducir el riesgo para la seguridad alimentaria del país».

Asimismo, los efectos de una mala temporada agrícola no se limitan solo a la parte rural del país, pues el propio Observatorio señala que una menor producción termina afectando a otras micro y pequeñas empresas que dependen de materias primas agrícolas, sobre todo en el sector que se dedica al coemrcio de granos básicos, al mismo tiempo que puede elevar los costos de algunos alimentos y complicar la situación de los hogares, especialmente en un año en el que la Canasta Básica Alimentaria ya acumula un incremento importante de hasta $9 solo en 2026, para el caso del conjunto de alimentos que consumen las familias del área urbana.

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Por otro lado, el impacto ha sido tal que, por ejemplo, informes de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL) señalan que miles de familias de la Región Trifinio (la zona fronteriza que comparten El Salvador, Honduras y Guatemala) «han hecho uso de estrategias de afrontamiento» para poder alimentarse, tales como: «comer alimentos menos preferidos, reducir el número de comidas al día, limitar las porciones a la hora de comer, pedir comida prestada, o dinero para comprarla, a amigos y familiares, y limitar la ingesta de adultos para alimentar a los niños».

Las familias a las que hace referencia el informe se dedican a la agricultura de subsistencia y, aunque no necesariamente son microempresas agropecuarias, sí reflejan el impacto que El Niño está teniendo ya en la población rural del país.