El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado B de San Miguel condenó a 30 miembros de una estructura criminal que operaba con financiamiento desde el extranjero, e impuso penas que alcanzan hasta los 204 años de prisión (aunque la máxima histórica a cumplir en el país es de 60 años).
De acuerdo con la investigación, la agrupación recibía dinero de personas residentes en Estados Unidos para ejecutar homicidios y otros ilícitos, operando bajo un modelo de sicariato en el oriente del país.
El líder de la estructura, identificado como Efraín Gutiérrez, recibió la pena más alta de 204 años de cárcel, tras ser declarado culpable de un homicidio agravado, siete casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, tráfico ilícito, organizaciones terroristas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Junto a él, otros integrantes de la red también recibieron condenas significativas: Juan Diego Marchante Quintanilla y Érick Hernández fueron sentenciados a 87 años de prisión; Ramón Francisco Díaz Ayala, procesado en rebeldía, a 77 años; Adrián Hernández Ortiz a 72 años; y Jorge Luis Flores a 69 años de cárcel.
Según el fallo judicial, los delitos fueron cometidos entre 2018 y 2020 en los distritos de San Alejo y Yayantique, en el departamento de La Unión, donde la estructura ejecutaba acciones criminales bajo un esquema organizado.
El resto de implicados, en su mayoría procesados como reos rebeldes, recibieron penas menores de acuerdo con su nivel de participación dentro de la organización.
A prisión
En otro caso, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Javier Alexander Pérez Pineda y Cristian Moisés Martínez García, alias Gican, por el delito de agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la resolución, ambos pertenecían a la clica Centrales Locos Salvatruchos, programa Centro, de la Mara Salvatrucha (MS-13), que operaba en San Francisco Chinameca, La Paz Oeste. También fueron condenados a 25 años quienes tenían rango de chequeos y a 20 años los colaboradores dentro de la estructura.
Las capturas se realizaron durante el Régimen de Excepción, informó Centros Judiciales.
