La economía salvadoreña cerró otra semana con dificultades para los hogares, en un contexto en el que casi la mitad recibe ingresos mensuales de $400 o menos, la canasta básica urbana alcanzó su precio más alto desde que hay registros y las remesas, una fuente importante para el consumo familiar, continúan creciendo a un ritmo menor que el año pasado. A esto se suman las dudas sobre el futuro de las pensiones, el elevado endeudamiento público y las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía.

Tener empleo no garantiza estabilidad económica

Nueve de cada diez trabajadores salvadoreños carecen de condiciones laborales plenamente favorables, según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) sobre el bono demográfico, que encontró que solo el 9% de la población ocupada tiene un empleo protegido, estable y con ingresos suficientes para sostener su bienestar.

El informe identificó que el 58% de los trabajadores no recibe ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, mientras que el 63% carece de protección social en salud, pensiones o ambas. Asimismo, el 61% no tiene estabilidad laboral, una situación que dificulta la planificación de los gastos y la posibilidad de ahorrar para el futuro.

Estas condiciones también se reflejan en las expectativas sobre la jubilación. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) encontró que el 50.1% de los trabajadores cotizantes prevé continuar trabajando durante la vejez para cubrir sus gastos, mientras que solo el 4.8% cree que podrá vivir exclusivamente de su pensión.

La presión sobre los ingresos también se observa en el presupuesto familiar: el 48% de los hogares consultados por la UCA recibe $400 mensuales o menos y el 39.1% afirmó que el dinero del que dispone no le alcanza para cubrir sus gastos. En ese escenario, la canasta básica alimentaria urbana llegó a $269.15 en septiembre, un aumento de $18.33 desde enero y el nivel más alto registrado por la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) desde 2001.

La deuda pública y las pensiones siguen bajo presión

La situación de los trabajadores coincide con las dudas sobre la sostenibilidad del sistema previsional y las finanzas públicas. La calificadora Moody’s advirtió que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reconocer unos $2,300 millones en intereses acumulados de la deuda con las pensiones no elimina los riesgos asociados al elevado endeudamiento del país, que podría superar el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

El Gobierno prevé convertir la mayor parte de esa obligación en un nuevo certificado que se pagaría durante 46 años mediante cuotas semestrales. Aunque el mecanismo evita desembolsar de inmediato todo el dinero, el economista Rafael Lemus advirtió que los trabajadores no recibirán en efectivo los intereses acumulados, sino un documento de deuda cuyo pago se extenderá durante varias décadas.

Por otro lado, el Gobierno continúa acumulando Bitcoin pese a los compromisos adquiridos con el FMI. Al 19 de octubre, los registros de la Oficina Nacional de Bitcoin mostraban una reserva de 7,809.37 unidades, siete más que una semana antes. El organismo internacional ha señalado que las compras recientes se han financiado con donaciones privadas, pero todavía no se conoce quiénes aportaron esos recursos ni cuánto entregó cada uno, por lo que ha solicitado mayor transparencia sobre las operaciones.

Las remesas crecen menos y la sequía afecta las cosechas

Los ingresos que llegan desde el exterior continúan siendo fundamentales para muchas familias, pero su crecimiento pierde fuerza. Entre enero y septiembre, El Salvador recibió $7,619.9 millones en remesas, un aumento del 3.5% respecto al mismo período de 2025, cuando los envíos habían crecido un 18.5%. Además, un estudio del BCR encontró que el 26.3% de los hogares salvadoreños recibió dinero del exterior en 2024, equivalente a 505,668 hogares.

A las presiones sobre el consumo se suman las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía. La Mesa Agropecuaria Rural e Indígena calcula que se perdieron hasta 15,000 manzanas de maíz y unas 3,000 de frijol, mientras que la falta de lluvia y las altas temperaturas redujeron la producción de leche y carne y elevaron los costos de alimentación del ganado. Aunque las cosechas en zonas con lluvias más regulares ayudaron a amortiguar el impacto, el gremio advirtió sobre la necesidad de ampliar el riego para reducir la dependencia de las precipitaciones.

En cuanto al crecimiento económico, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo al 2% su previsión para América Latina en 2026 y advirtió que el encarecimiento de la energía y los alimentos, junto con los efectos del fenómeno de El Niño y la incertidumbre internacional, podrían presionar los costos de producción y el poder adquisitivo de los hogares.