El gobierno salvadoreño continúa acumulando Bitcoin, según los registros publicados en el sitio web de la Oficina Nacional de Bitcoin, que al 19 de octubre mostraba una reserva de 7,809.37 unidades, siete más que una semana antes y 30 adicionales en el último mes.

El incremento ocurre después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aclarara que las compras recientes de la criptomoneda se han financiado con donaciones privadas y que no se prevé una mayor acumulación, excepto cuando provenga de aportes documentados. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce quiénes son las personas, empresas u organizaciones que han entregado esos recursos ni cuánto dinero ha aportado cada una.

Puede interesarle: Niu App recibe reconocimiento internacional por su tarjeta de crédito digital

Tampoco se sabe si las compras registradas en los últimos días por la Oficina de Bitcoin corresponden a, precisamente, donativos o si son compras regulares como las que el gobierno venía realizando desde 2021, antes de las observaciones del FMI.

Por lo anterior, el organismo ha pedido al gobierno mejorar la transparencia y la información pública sobre las tenencias de criptoactivos del sector público, además de reforzar los marcos regulatorios, de supervisión y de gobernanza aplicables a estas operaciones, incluso mediante cambios a la Ley de Emisión de Activos Digitales.

Asimismo, el FMI también estableció que, a partir de finales de diciembre de 2026, el gobierno deberá compartir cada trimestre declaraciones firmadas con las direcciones de las billeteras digitales bajo control del sector público y el detalle de sus tenencias de Bitcoin y otros criptoactivos. Los informes deberán diferenciar las reservas estatales de los activos que se mantienen bajo custodia para los usuarios de Chivo Wallet y otros usuarios finales.

Cabe señalar que todos estos puntos son parte de los compromisos dentro del acuerdo de financiamiento por $1,400 millones suscrito con el FMI a principios del año pasado, el cual también incluye la reducción de la participación directa del Estado en actividades relacionadas con Bitcoin.

Además: El 50.1% de los trabajadores prevé seguir trabajando en su vejez para cubrir sus gastos

Por ello, y como parte de esas condiciones, el gobierno transfirió la mayoría de la propiedad y el control operativo de Chivo Wallet a un operador privado en mayo de este año, aunque todavía mantiene una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes.

El Bitcoin fue adoptado como moneda de curso legal en septiembre de 2021 y gozó de un fuerte impulso gubernamental, sin embargo, su poco uso y los riesgos que representó para las finanzas públicas provocaron que el FMI solicitara una reforma a la ley, algo que incluyó retirar la calidad de obligatoriedad de la moneda desde el año pasado.