El acuerdo para pagar los intereses que el gobierno dejó de abonar a los fondos privados de pensiones durante el período de gracia reduce la presión inmediata sobre las finanzas públicas en 2027, pero no resuelve el problema del elevado endeudamiento del país, advirtió la agencia de calificación crediticia Moody’s Ratings.

Puntualmente, la calificadora considera que el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuye la incertidumbre sobre una obligación cuyo período de gracia termina en abril de 2027, luego de la reforma previsional vigente desde 2023. Sin embargo, mantener la deuda bajo control requerirá que el gobierno continúe generando mayores ingresos que gastos y avance en los planes de mejorar las finanzas públicas.

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En este sentido, el monto total de dicha obligación asciende a unos $2,300 millones y equivale a los intereses acumulados durante el período en que se suspendieron los pagos de la deuda previsional. Para atenderla, el FMI explica que la mayor parte podría convertirse en un nuevo instrumento de deuda a largo plazo, mientras que el monto restante podría pagarse en efectivo.

Sobre ese mecanismo, el informe del organismo señala que “el certificado se pagaría durante 46 años mediante cuotas semestrales iguales de capital e intereses, a partir de octubre de 2027”. El nuevo instrumento tendría una tasa de interés cercana al 7% y no contaría con otro período de gracia.

Aunque esta fórmula evita que el Gobierno tenga que desembolsar de inmediato la totalidad de los intereses acumulados, la obligación se reflejará en las estadísticas de deuda pública. Por ello, Moody’s estima que el endeudamiento superará el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

Por su parte, el FMI proyecta que la deuda bruta del Sector Público No Financiero llegará al 89.2% del PIB ese mismo año, de los cuales 5.6 puntos porcentuales corresponderían al reconocimiento de las obligaciones previsionales. El organismo prevé que la deuda retome una trayectoria descendente en los años siguientes, con la meta de reducirla hacia el 80% del PIB para 2030.

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Esta perspectiva se suma a las estimaciones previas de Moody’s para el cierre de 2026, cuando la calificadora calculó que la deuda pública alcanzaría el 93.4% del PIB, por encima del 90.2% registrado en 2025. Además, ha advertido sobre el peso que tienen los intereses de la deuda en las finanzas del gobierno.

En ese contexto, el acuerdo previsional reduce la presión inmediata asociada al vencimiento de abril de 2027, pero no elimina los desafíos fiscales que enfrenta el país. A esto se suma la reforma de pensiones que, según el calendario del programa con el FMI, deberá presentarse a más tardar en junio de 2027.