Las dudas sobre los ingresos durante la vejez coincidieron con nuevas proyecciones sobre las finanzas públicas y el encarecimiento de los bienes y servicios durante la semana recién pasada.
Las dudas sobre los ingresos durante la vejez coincidieron con nuevas proyecciones sobre las finanzas públicas y el encarecimiento de los bienes y servicios durante la semana recién pasada.

La situación económica del país volvió a estar marcada por las presiones sobre las finanzas públicas y el costo de vida, mientras las dudas sobre el futuro de las pensiones mantienen la atención sobre los ingresos que tendrán los salvadoreños durante la vejez. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los resultados de una encuesta de la UCA y las cifras de inflación mostraron distintas dimensiones de estas preocupaciones.
Solo el 4.8% de los trabajadores salvadoreños considera que podrá vivir exclusivamente de su pensión cuando se retire, mientras que más de la mitad cree que tendrá que continuar trabajando durante la vejez para cubrir sus gastos, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyos resultados reflejan la incertidumbre sobre la capacidad del sistema previsional para sostener a quienes se jubilen.
La preocupación también alcanza a quienes ya reciben una pensión, pues el 68.9% considera que el monto que obtiene no cubre sus necesidades básicas y el 63.7% afirmó tener deudas pendientes. Además, el 57.7% de los adultos mayores con ingresos propios, ya sea por su trabajo o por una pensión, mantiene económicamente a otras personas, una responsabilidad que puede prolongarse incluso después de la edad de retiro.
Estas inquietudes coinciden con la próxima reforma del sistema de pensiones, que el Gobierno deberá presentar en 2027 como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque todavía no se conoce el contenido de los cambios, expertos han advertido que podrían incluir un aumento de hasta cinco años en la edad de jubilación, una posibilidad que rechaza el 83.5% de la población consultada por la UCA.

A la incertidumbre de los trabajadores se suma el costo que las obligaciones previsionales representan para el Estado. El FMI calcula que la deuda pública bruta pasará del 85% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 al 89.2% en 2027, debido en parte al reconocimiento de unos $2,300 millones en intereses acumulados de la deuda con los fondos de pensiones, cuyo período de gracia vence en abril del próximo año. La mayor parte de esos intereses podría incorporarse a un nuevo certificado de deuda con un plazo de pago de 46 años, por lo que el Gobierno no tendría que desembolsar todo ese monto de una sola vez.
El endeudamiento también coincide con el crecimiento del presupuesto estatal, que pasó de los niveles registrados en 2019 a una proyección de $12,421 millones para 2027, un aumento cercano al 100%, mientras que la economía habría crecido alrededor del 55% durante el mismo período, según el economista Rafael Lemus. El especialista también cuestionó el destino de los recursos adicionales y el aumento de los compromisos financieros del Estado.
El costo de vida fue otro de los asuntos destacados de la semana, luego de que el FMI proyectara que la inflación promedio anual de El Salvador pasará del 0.3% en 2025 al 2.7% en 2026, en un contexto de encarecimiento de los alimentos y los combustibles. Para 2027, el organismo prevé que el promedio de inflación baje al 2.1%, aunque las alzas recientes y los posibles efectos del fenómeno de El Niño podrían mantener la presión sobre los gastos familiares.
En el caso de los combustibles, los precios de referencia se mantuvieron sin cambios por tercera quincena consecutiva, con la gasolina superior a $5.13 por galón en la zona central y $5.14 en las zonas occidental y oriental. El diésel continuó en $4.86 por galón en todo el país, un costo que transportistas de carga relacionan con posibles aumentos en los fletes y que empresarios del transporte público señalan como un factor que reduce la rentabilidad del servicio.

El panorama económico también muestra la distancia que todavía separa al país del promedio regional. El PIB per cápita salvadoreño fue de $4,698 en 2024, casi un 40% menos que el promedio de Centroamérica y República Dominicana, de $7,875 por habitante, según el informe Perspectivas de Centroamérica y República Dominicana 2030, elaborado por el Programa Estado de la Nación.
El mismo informe calcula que las remesas podrían representar el 26.26% del PIB salvadoreño en 2030, por encima del 23.98% que equivalían en 2024, si se mantiene la tendencia registrada entre 2000 y 2024. Sin embargo, el crecimiento de estos envíos perdió fuerza: entre enero y agosto de 2026 sumaron $6,788.28 millones, un aumento del 3.8% respecto al mismo período de 2025, cuando el crecimiento había sido del 18.4%.
Por otro lado, el comercio con Belice podría abrir nuevas oportunidades para las empresas salvadoreñas, luego de que una comisión legislativa aprobara un dictamen favorable para ratificar un acuerdo que daría acceso preferencial a 422 productos nacionales, de los cuales 316 podrían ingresar sin aranceles. El acuerdo todavía debe ser votado por el pleno legislativo.
En materia laboral, la propuesta para distribuir las 44 horas semanales en cuatro jornadas de hasta 11 horas y tres días de descanso avanzó tras concluir el análisis de una comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo. La iniciativa podría llegar al presidente Nayib Bukele en noviembre y, según la Asociación Salvadoreña de Industriales, las maquilas y los call centers son los sectores que han mostrado mayor interés en adoptar el esquema, cuya aplicación sería voluntaria para las empresas.
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