El presupuesto general del Estado pasó de los niveles registrados en 2019 a una proyección de hasta $12,421 millones para 2027, un aumento de casi un 100% que supera ampliamente al crecimiento que ha tenido la economía salvadoreña durante ese mismo período, estimado en 55%, según el economista Rafael Lemus, quien analizó las cuentas públicas en una entrevista reciente en Radio YSUCA.

En este sentido, y según las cifras del experto, la recaudación tributaria también aumentó, al pasar de unos $4,914 millones en 2019 a una proyección superior a los $9,500 millones para 2027, lo que representa unos $4,500 millones adicionales. Sin embargo, Lemus cuestionó que ese incremento no se haya traducido en nuevos programas de apoyo para la población en pobreza extrema, que supera el medio millón de personas, y señaló que algunas ayudas existentes, como la Pensión Básica Universal, han reducido sus asignaciones.

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El economista también cuestionó el destino del gasto adicional que se ha venido sumando al Presupuesto General de la Nación de los últimos años, pues estima que hasta un 60% del aumento acumulado se explica por dos rubros: el pago de intereses de la deuda y el incremento de las remuneraciones y plazas del sector público. A su juicio, el crecimiento del presupuesto por encima de la capacidad de la economía para generar recursos compromete las finanzas públicas, ya que el Estado depende de los impuestos y del endeudamiento para financiar sus gastos.

A esto se suma el aumento de la deuda del Sector Público No Financiero, que pasó de representar cerca del 70% del producto interno bruto (PIB) en 2019 a alrededor del 92% en la actualidad, según las cifras citadas por Lemus. El economista advirtió que el reconocimiento de al rededor de $2,300 millones en obligaciones con los fondos de pensiones podría elevar esa relación hasta un rango que podría oscilar entre el 97% y el 98% del PIB. Asimismo, señaló que el pago anual de intereses pasó de unos $1,000 millones en 2019 a una proyección de hasta $2,700 millones para 2027.

Lemus también cuestionó la diferencia entre el presupuesto anunciado por el Gobierno y las cifras contempladas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues mientras el proyecto para 2027 asciende a $12,421 millones, los cuadros fiscales acordados con el organismo establecen un techo de gasto del Gobierno Central de $10,232 millones, algo que no concuerda.

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Lo anterior debido a que, por ejemplo, la inversión pública suele quedar por debajo de lo programado: para uno de los años analizados por el economista, el Gobierno presupuestó más de $3,000 millones y ejecutó $1,539 millones en distintas carteras de Estado, mientras que en 2022 la ejecución llegó apenas al 37%, según los datos expuestos durante la entrevista.

Esto significaría que, aunque el presupuesto del próximo año incorpora montos altos para algunas áreas, como educación, las cifras no implican necesariamente que se vayan a ejecutar del todo, por lo que apuntó que esa podía ser la razón por la que las proyecciones no coinciden con las que maneja el FMI en su informe reciente.