El fuerte aumento de los combustibles fue uno de los principales temas económicos de la semana, después de que la gasolina superior alcanzara los $5.14 por galón y el diésel llegara a $4.86, mientras transportistas advirtieron que los mayores costos podrían terminar trasladándose al precio de los productos y agravar las dificultades que ya enfrentan las familias para comprar alimentos.

Los combustibles golpean al transporte y al bolsillo

Los precios de referencia de los combustibles aumentaron hasta $0.17 desde el 15 de septiembre, con la gasolina especial llegando a $5.13 en la zona central y $5.14 en las zonas occidental y oriental, mientras el diésel alcanzó $4.86 en todo el país.

Con estos nuevos precios, los combustibles acumularon aumentos de entre 33.9% y 42.1% desde enero, siendo el diésel el que más se ha encarecido al pasar de $3.42 a $4.86 por galón en la zona central.

El impacto ya comenzó a sentirse en el transporte de carga. La Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (ASTIC) señaló que el costo de trasladar mercancías entre El Salvador y Guatemala podría rondar los $795, frente a los $635 que costaba en febrero, antes del inicio de la guerra en Irán.

La presión también alcanzó al transporte público, donde la Mesa Nacional de Transporte aseguró que el combustible representa cerca del 68% de sus gastos diarios y que las tarifas llevan dos décadas sin cambios. Los empresarios del sector sostienen que el negocio prácticamente ya no deja margen de ganancia y que incluso el subsidio de $500 mensuales por autobús resulta insuficiente para compensar los costos actuales.

El encarecimiento del transporte preocupa además por el efecto que puede tener sobre los precios de los alimentos y otros productos, debido a que una buena parte de las mercancías que consumen los salvadoreños debe trasladarse por carretera antes de llegar a los comercios.

Más familias tienen dificultades para comprar alimentos

Esta presión ocurre en un momento en que el acceso a los alimentos ya representa un problema para una parte importante de la población. Un informe de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable estimó que el 41.7% de los salvadoreños, unos 2.5 millones de personas, enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave debido a dificultades para adquirir alimentos.

El problema se concentra especialmente en zonas afectadas por la sequía y los bajos ingresos de las familias, donde algunas han tenido que reducir el número de comidas, limitar las porciones o recurrir a alimentos menos preferidos para poder cubrir sus necesidades.

La deuda seguirá presionando al Gobierno

Por otro lado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no elimina las necesidades de financiamiento que tendrá el Gobierno en 2027. Aunque el programa podría liberar unos $140 millones, EMFI calcula que el país todavía necesitará alrededor de $1,900 millones para cubrir sus compromisos externos del próximo año.

A esto se suma la deuda previsional, cuyo período de gracia termina en abril de 2027 y que podría generar pagos de intereses equivalentes a hasta 5.5% del PIB durante ese año, según estimaciones de S&P Global Ratings.

En este contexto, la reforma de pensiones que el Gobierno deberá presentar en 2027 vuelve a tomar relevancia. El economista Carlos Acevedo señaló que el objetivo principal no sería aumentar las pensiones, sino garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, por lo que podrían plantearse cambios como aumentar gradualmente la edad de jubilación o modificar los años de cotización.

También cambió la discusión sobre la jornada laboral

La semana cerró con nuevos planteamientos sobre la propuesta para distribuir las 44 horas laborales en cuatro días. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que se han recibido propuestas para jornadas de hasta 12 horas diarias, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por su parte, propuso que cualquier cambio sea opcional y que tome en cuenta tanto las características de cada empresa como la voluntad de los trabajadores.

La discusión sigue abierta mientras empleadores, trabajadores y Gobierno analizan distintas alternativas para modificar la distribución de la jornada laboral, en una semana en la que el aumento de los costos de transporte volvió a poner presión sobre los hogares y las empresas.