El avance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcó la agenda económica de El Salvador esta semana, luego de que el organismo y el gobierno salvadoreño acordaran combinar dos revisiones que permanecían pendientes y abrieran el camino para un posible desembolso de $140 millones, mientras otros datos volvieron a poner sobre la mesa el aumento de la deuda previsional y el encarecimiento de algunos productos y servicios.

El acuerdo con el FMI vuelve a avanzar

Después de varios meses sin avances en el programa de financiamiento por hasta $1,400 millones, el FMI confirmó esta semana que alcanzó un acuerdo técnico con el gobierno para combinar la segunda y tercera revisión del programa, las cuales estaban pendientes desde septiembre de 2025 y marzo de este año, respectivamente.

De hecho, el avance permitiría que El Salvador acceda a unos $140 millones, aunque el desembolso todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo y está sujeto al cumplimiento de algunas medidas previamente acordadas.

El nuevo paso también dejó más claros algunos de los compromisos que el gobierno deberá atender, entre ellos la reforma del sistema de pensiones, el reconocimiento de las obligaciones relacionadas con los intereses de la deuda previsional y otras medidas relacionadas con las finanzas públicas.

El FMI confirmó que la reforma de pensiones se realizará el próximo año y que tendrá un carácter paramétrico, es decir, que podría modificar algunas de las condiciones bajo las cuales funciona actualmente el sistema, como la edad de jubilación, el tiempo de cotización o las tasas de aporte.

La deuda previsional sigue aumentando

El anuncio del FMI coincidió con nuevos datos sobre la deuda que el Gobierno mantiene con los fondos de pensiones, la cual aumentó en $44.5 millones durante julio y llegó a $11,714.38 millones.

En lo que va del año, esta obligación acumula un incremento de $380.93 millones y el problema adquiere mayor relevancia porque en 2027 terminará el período de gracia que permitió al Estado posponer el pago de los intereses acumulados, por lo que el Gobierno deberá comenzar a atender nuevamente esa deuda.

De hecho, Standard & Poor’s estima que solo los intereses de la deuda previsional podrían representar unos $2,400 millones durante 2027, una presión considerable para las finanzas públicas que se suma a los esfuerzos que el Gobierno deberá realizar para reducir el déficit y estabilizar la deuda.

La canasta básica y los combustibles también subieron

Por otro lado, el costo de vida volvió a ocupar un espacio importante en la agenda económica. La canasta básica alimentaria superó los $261 en julio y alcanzó su tercer valor más alto desde que existen registros comparables, mientras los precios de los combustibles aumentaron hasta $0.10 por galón y se acercaron nuevamente a los $5.

Estos incrementos se suman a una inflación que, aunque se desaceleró en julio frente al mes anterior, continuó reflejando aumentos en los precios. Entre los productos y servicios que más han empujado el indicador aparecen los almuerzos, los fertilizantes y la gasolina, lo que muestra cómo los mayores costos de producción y transporte terminan trasladándose a los consumidores.

Ante este escenario, la Defensoría del Consumidor mantiene un monitoreo sobre los precios y el abastecimiento de productos de la canasta básica, con el objetivo de identificar posibles aumentos injustificados y verificar que exista suficiente oferta de alimentos.

Bitcoin pierde espacio dentro de la política económica

En paralelo, el acuerdo con el FMI también volvió a poner sobre la mesa el papel que tendrá Bitcoin en las finanzas públicas. El organismo señaló que las compras recientes de la criptomoneda realizadas por el Gobierno se hicieron con donaciones privadas, mientras que el Ejecutivo vendió la mayoría de Chivo Wallet y dejó su operación en manos privadas.

Así, cinco años después de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, la criptomoneda ocupa un espacio cada vez menor dentro de la política económica del Gobierno, mientras las condiciones acordadas con el FMI apuntan hacia una reducción de su participación directa en algunas de estas operaciones.

El BCR mejora su pronóstico

Finalmente, la semana también dejó una noticia positiva sobre el desempeño económico. El Banco Central de Reserva elevó su previsión y ahora estima que la economía salvadoreña crecerá entre 4.5% y 5% al cierre de 2026, por encima del rango que había proyectado anteriormente.

El nuevo pronóstico contrasta con las presiones que todavía enfrentan las finanzas públicas y los hogares, pero muestra que, al menos desde la perspectiva del BCR, la actividad económica mantiene un ritmo suficiente para mejorar las expectativas de crecimiento para este año.