El Gobierno de El Salvador ya vendió la mayor parte de su participación en la billetera Chivo y transfirió a un operador privado el control de la plataforma, según confirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo alcanzado con las autoridades para completar las revisiones segunda y tercera del programa financiero, aunque tanto el nombre del nuevo propietario como el monto de la operación siguen sin conocerse públicamente.

De acuerdo con el organismo, la mayoría de la propiedad de Chivo Wallet y la administración de la plataforma ya están en manos privadas, aunque el gobierno conserva una participación menor y seguirá encargado de custodiar los activos que pertenecen a los usuarios de la billetera, por lo que su salida de Chivo no es total.

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La confirmación del FMI deja claro que la venta ya se realizó y no se trata únicamente de una negociación en curso, como había ocurrido durante los meses anteriores. Sin embargo, el comunicado no identifica a la empresa o persona que compró la participación mayoritaria, tampoco precisa qué porcentaje de la empresa conserva el gobierno ni cuánto dinero recibió por la operación.

Esa información tampoco ha sido divulgada por el gobierno salvadoreño, por lo que hasta ahora no se conoce públicamente quién compró la mayoría de Chivo, quién está a cargo de operar la billetera. Chivo Wallet, de hecho, lleva más de dos años sin reflejar actividad en sus redes sociales como X, por lo que tampoco se ha divulgado información por esa vía.

En este punto, cabe recalcar que la reducción de la participación estatal en Chivo era uno de los compromisos incluidos en el programa acordado con el FMI, dentro de las medidas destinadas a limitar los riesgos que la implementación del Bitcoin pudiera representar para las finanzas públicas. Por ello, esta operación permite al gobierno avanzar en ese compromiso, los cuales forman parte de los requisitos para continuar accediendo a los desembolsos del organismo.

Bitcoin con fondos privados, pero sin identificar a los donantes

El comunicado divulgado ayer por el Fondo también aborda el aumento de las reservas de Bitcoin de El Salvador registrado después de la primera revisión del programa con el FMI, en junio del año pasado. En este caso, el organismo señala que las autoridades presentaron documentación con la que comprobaron que las nuevas adquisiciones fueron financiadas mediante donaciones privadas y no con dinero público, algo que era el principal motivo por el que el FMI había solicitado mantener esa reserva sin cambios.

Esta explicación cobra importancia porque el país siguió acumulando compras diarias de Bitcoin aun después de que el acuerdo con el FMI estableciera compromisos para limitar esas actividades. Según el organismo, la información entregada por las autoridades permitió establecer que los recursos utilizados para esas compras no provenían de las finanzas públicas.

Pero, al igual que ocurre con la venta de Chivo, el gobierno no ha revelado quiénes son las personas, empresas u organizaciones que realizaron esas donaciones ni cuánto aportó cada una, de manera que no existe información pública que permita identificar el origen individual de los fondos utilizados para aumentar las tenencias de Bitcoin.

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Ante esto, el FMI afirmó que «también se alcanzaron acuerdos sobre medidas para modernizar el marco legal, regulatorio y de supervisión de los activos digitales, así como para fortalecer aún más los mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos aplicables a las tenencias de criptoactivos del sector público», al mismo tiempo que apuntó que «en adelante, no se prevé una acumulación adicional de Bitcoin más allá de las donaciones documentadas».

Tanto Bitcoin como Chivo Wallet fueron parte de la ley que aprobó el gobierno de Nayib Bukele en 2021, la cual en su momento otorgó el carácter de moneda de curso legal al criptoactivo en el país, al mismo tiempo que creó la plataforma Chivo con el fin de respaldar las operaciones con Bitcoin.

Sin embargo, a casi cinco años de que haya entrado en vigencia esa ley, el Bitcoin perdió la relevancia que mostró en esos primeros meses, fue relegado del discurso oficial y, debido al acuerdo con el FMI, ya no es moneda de curso legal, ni de carácter obligatorio.