La deuda que el gobierno mantiene con el sistema de pensiones aumentó en $44.5 millones durante julio y alcanzó los $11,714.38 millones, según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR), con lo que esta obligación continúa creciendo mientras se acerca el momento en el que el Estado deberá comenzar a pagar nuevamente los intereses de la deuda previsional.

El monto registrado en julio representa un incremento de $3,269.76 millones con respecto a los $8,444.62 millones que se registraban en enero de 2023, cuando entró en vigencia la actual reforma de pensiones. Esto equivale a un crecimiento acumulado de hasta un 38.7 % desde entonces, con un ritmo de crecimiento de hasta $77.85 millones cada mes.

Puede leer: El Salvador lleva más de un año sin recibir desembolsos del FMI por incumplimiento de compromisos

De hecho, solo entre enero y julio de este año, la deuda ha aumentado en $380.93 millones, al pasar de $11,333.45 millones a $11,714.38 millones en siete meses, lo que refleja un crecimiento de 3.4 %. Esto significa que, en lo que va de 2026, la deuda aumentó, en promedio, $54.42 millones cada mes.

Sin embargo, estas cifras deben tomarse como preliminares, ya que el BCR y el Ministerio de Hacienda se encuentran realizando un proceso de conciliación de los datos de deuda pública. Por esta razón, las cifras actualmente disponibles difieren de las reportadas en notas anteriores.

Aun así, la deuda previsional ha aumentado principalmente porque el gobierno continúa emitiendo Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), mediante los cuales obtiene recursos de los ahorros de los trabajadores para financiar el pago de las pensiones de los jubilados bajo el sistema anterior a las AFP.

Este aumento, además, ocurre mientras el vencimiento del período de gracia, bajo el cual el gobierno no ha tenido que pagar capital ni intereses desde 2023, se aproxima. Este plazo termina en abril de 2027, por lo que a partir de entonces el gobierno deberá comenzar a atender nuevamente esos compromisos, lo que implica mayores presiones sobre las finanzas públicas.

Con respecto a esto, la firma Standard & Poor’s (S&P) señaló en su análisis más reciente sobre la calificación de El Salvador que los intereses acumulados durante el período de gracia, sumados a los intereses que deberán pagarse en 2027, representarían un pago puntual de $2,400 millones, equivalente al 5.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

S&P también señaló, en análisis anteriores, que el período de gracia le permitió al gobierno ahorrar hasta $500 millones anuales en pagos de intereses desde que entró en vigencia la reforma actual, por lo que el regreso de estas obligaciones representará una carga adicional para las cuentas públicas.

La situación se suma a la falta de una propuesta de reforma de pensiones que el gobierno se comprometió a presentar como parte del acuerdo de financiamiento por hasta $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta debía estar lista a más tardar el 10 de febrero de 2026, pero hasta ahora no se ha conocido un proyecto de ley.

Además: El gobierno deberá pagar $2,400 millones solo en intereses por la deuda de pensiones en 2027

En este punto, el FMI ha planteado la necesidad de modificar el sistema para reducir el ritmo al que aumenta la deuda previsional y mejorar su sostenibilidad en el largo plazo. Mientras esa reforma sigue pendiente, la deuda continúa aumentando y generando mayores preocupaciones a causa de las nuevas obligaciones que se avecinan en el horizonte próximo.

Asimismo, el retraso de esta reforma uno de los factores que han dificultado el avance del acuerdo con el FMI ya que, según S&P, los retrasos en algunos de los compromisos establecidos con el organismo han frenado el acceso del país a nuevos desembolsos, aunque el gobierno espera avanzar en varias de las medidas pendientes durante la segunda mitad de 2026 para recuperar el acceso a esos recursos.