La suma de varios factores, como la guerra en Irán y el consecuente aumento del petróleo, así como el contexto actual de la agricultura, cuya producción se ve amenazada por la influencia de El Niño, ha provocado que los salvadoreños estén padeciendo la inseguridad alimentaria en cualquiera de sus fases y formas, algo que tiene mucho que ver con el encarecimiento de la comida, e incluso, con su disponibilidad.

Pero, ¿qué es exactamente la inseguridad alimentaria? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la seguridad alimentaria como la situación en la que «todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y sana», un concepto que, a su vez, descansa sobre cuatro pilares: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.

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Por lo anterior, la falta de uno o más de esos pilares se traduce en un grado de inseguridad alimentaria, algo que el país está ya enfrentando y que, aunque no sea de una forma grave, no deja de ser un tema de relevancia nacional.

Debido a esto, el problema que enfrentan algunos hogares salvadoreños no está necesariamente en la escasez de alimentos, sino en las condiciones que enfrentan para poder obtenerlos y mantener ese acceso ya que, por ejemplo, una familia puede seguir comiendo todos los días y, al mismo tiempo, encontrarse en una situación de inseguridad alimentaria si para hacerlo debe reducir otros gastos, disminuir la cantidad o calidad de los alimentos, recurrir a préstamos o utilizar bienes que necesita para generar ingresos.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, en inglés) el país mantiene una clasificación general de Fase 2, o Estrés, dentro de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (IPC, en inglés), sin embargo, algunas familias del oriente del país y de la región Trifinio, en la zona fronteriza con Guatemala y Honduras, ya se encuentran en Fase 3, o Crisis, lo que las ha llevado a ver cómo sus reservas de alimentos se han agotado e, incluso, han tenido que recurrir a medidas extremas como vender sus herramientas de trabajo, o comer menos, para poder garantizar la alimentación diaria.

Para entender mejor esta clasificación, la Fase 2 implica que las familias todavía logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas, pero lo hacen sacrificando otros gastos esenciales, mientras que en la Fase 3 las estrategias para conseguir alimentos comienzan a comprometer de manera más seria las necesidades básicas del hogar.

En este punto, algo que también está empujando a que más familias sufran algún tipo de inseguridad alimentaria es el precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual para el área urbana llegó a $259.95 en junio, acumulando un aumento de $9 durante 2026, de acuerdo con el dato más reciente de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), mientras la CBA del área rural alcanzó los $189.56.

La CBA, en este sentido, es un indicador que sirve para medir la capacidad adquisitiva de los hogares y también aglutina el estimado mínimo de alimentos necesarios para que una persona pueda alimentarse de forma adecuada, por lo que su encarecimiento implica una mayor presión sobre los ingresos familiares, reduce el margen de dinero disponible para cubrir los gastos del hogar y, por supuesto, también reduce la posibilidad de que las familias más vulnerables se alimenten de forma adecuada.

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A este encarecimiento de los alimentos se suman también las pérdidas de cultivos registradas en el oriente salvadoreño a causa del comportamiento irregular de las lluvias, factores que afectan la disponibilidad de granos básicos dentro de los hogares que dependen de la agricultura de subsistencia. Para estas familias dependientes de su propia cosecha de granos, perder una parte importante de la producción significa menos comida y, al mismo tiempo, menos opciones de generar ingresos.

Según el ingeniero agrónomo del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada y coordinador del programa de Soberanía Alimentaria, Walter Gómez, existe la necesidad de que en el país se decrete un estado de emergencia nacional debido a la inseguridad alimentaria que enfrentaría la población en los próximos meses debido a la baja producción agrícola. Asimismo, señala que en el país «estamos a voluntad de lo que salga», por lo que insta a las autoridades a que también se implementen reservas estratégicas de granos y alimentos en general para minimizar el impacto de El Niño.