Más que un compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo de asistencia financiera, la reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones se ha convertido en una necesidad en El Salvador debido a la insostenibilidad en la que se encuentra, algo que está sujeto a factores como la baja densidad de contribuciones y también a los altos niveles que ha alcanzado la deuda previsional.

De acuerdo con el experto Patricio Pineda, esa baja densidad de contribución provocará que hasta 1.5 millones de trabajadores, que actualmente cotizan al sistema previsional, «jamás tendrán una pensión en El Salvador», debido a que sus cotizaciones «no están acordes a lo que le va a demandar su pensión cuando sea un adulto mayor», señala el también fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, quien participó en la entrevista matutina de Canal 21.

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Pero, ¿qué significa el término «densidad de contribución»? básicamente, indica cuánto tiempo una persona ha estado aportando al sistema de pensiones durante su vida laboral. Si es una baja densidad, significa que ha trabajado varios períodos sin cotizar, por ejemplo, porque estuvo desempleada, trabajó de manera informal o no estuvo afiliada al sistema.

En este punto, hay que tomar en cuenta que los aportes mensuales que un trabajador realiza se traducen en dinero que va a parar a su cuenta individual, la cual es la que financia, ya en su vejez, la pensión que recibe una vez jubilado. Si una persona se jubila y su cuenta individual no cuenta con fondos suficientes para garantizarle una pensión por muchos años, entonces la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), dentro del mismo sistema, es la que se encarga de financiar esa pensión restante.

Debido al estado actual del sistema, que incluye un fuerte endeudamiento y una dependencia cada vez más fuerte de la CGS, diversos análisis coinciden en que los fondos para financiar las pensiones insuficientes podrían agotarse más pronto de lo esperado, siempre y cuando no se realicen reformas radicales como la solicitada por el FMI.

La situación es tal que, debido a eso, Pineda advierte que de un total de 1.9 millones (según datos estimados por la Mesa), son precisamente esos 1.5 millones que están en riesgo de nunca acceder a una pensión, algo que según el experto está vinculado también a los bajos salarios que perciben. «En el país hay 9 millones de salarios activos y, de esos, 1.5 millones están por debajo de los $500 mensuales», apunta.

Asimismo, el propio estudio actuarial que el gobierno presentó ante el FMI en diciembre del año pasado arroja que en el país hay 2.1 millones de personas que tienen una cuenta en el sistema previsional, sin embargo, para 2024 solo 1.1 millón de trabajadores hicieron por lo menos una contribución durante todo el año, lo que da luces de la baja densidad de contribuciones que percibe actualmente el sistema.

En este punto, debido a que las propias características demográficas del país apuntan a que, en las próximas décadas, la proporción de adultos mayores será mayor que la cantidad de trabajadores activos es que se prevé un agotamiento acelerado de los fondos de la CGS. De hecho, el documento actuarial prevé que la CGS se agotaría, incluso mucho antes, para 2029.

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Actualmente, la deuda que el gobierno mantiene con el sistema de pensiones asciende a $11,669.8 millones (datos más recientes a junio), un monto que según Pineda provoca que hasta un 73% del patrimonio total esté ya comprometido por esa deuda.

El gobierno debió haber presentado una propuesta de reforma previsional el pasado 10 de febrero, sin embargo, hasta la fecha no se han conocido noticias al respecto. Según agencias de calificación crediticia, así como economistas, el retraso podría deberse a una necesidad por reducir el «costo político» que significaría en un contexto preelectoral.