Hay quienes creen que cuando un hombre cae en desgracia también deben desaparecer todas las buenas obras que realizó, como si una condena judicial tuviera el poder de borrar el pasado, destruir los aciertos y convertir toda una vida en una historia de errores. Pero la justicia no fue creada para borrar la verdad, sino para establecer responsabilidades. Y la historia, si pretende ser honesta, no puede escribirse solamente con los capítulos que más nos conviene recordar.

Hoy amanecimos con la noticia de la orden de libertad del expresidente Tony Saca, después de cumplir una condena de diez años de prisión por actos de corrupción, específicamente por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Su libertad no representa ningún privilegio, indulto ni absolución, sino la consecuencia jurídica del cumplimiento de una pena impuesta por los tribunales salvadoreños.

Saca reconoció los hechos atribuidos mediante un procedimiento abreviado, recibió una condena y cumplió la pena de prisión. Esto no disminuye la gravedad de los delitos cometidos ni extingue automáticamente las responsabilidades civiles que puedan encontrarse pendientes. La Fiscalía conserva las facultades legales para procurar la recuperación de los recursos que correspondan, porque la extinción de una pena privativa de libertad no equivale a la extinción de las obligaciones patrimoniales derivadas del delito.

Sin embargo, hay algo que debemos aprender como sociedad: no podemos juzgar toda la vida de una persona únicamente por sus errores, ignorando aquello que también hizo bien.

Tony Saca fue un presidente de derecha que, durante su administración, impulsó importantes políticas de atención social. Entre ellas destacó Red Solidaria, creada en 2005 para atender a familias en condiciones de extrema pobreza, mediante transferencias económicas vinculadas con la educación de los hijos, los controles de salud y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares beneficiados.

También durante su gobierno nació FOSALUD, una institución que amplió los horarios de atención médica, incluyendo noches, fines de semana y días festivos. Para numerosas familias trabajadoras, disponer de atención sanitaria fuera de los horarios ordinarios representó una oportunidad importante.

En educación, su administración impulsó medidas para sostener la gratuidad de la enseñanza pública, destinando recursos al funcionamiento de los centros escolares. Conviene precisar que la eliminación de las cuotas escolares había sido aprobada antes de su mandato, aunque durante su gestión se desarrollaron acciones para mantener esa política.

Naturalmente, estos programas fueron financiados con recursos públicos, provenientes de los impuestos que pagamos los salvadoreños y de otras fuentes estatales. No fueron regalos personales del presidente, sino decisiones de política pública ejecutadas con fondos que pertenecían al pueblo. Precisamente por eso, su valoración debe considerar tanto sus resultados sociales como la obligación de administrar honestamente esos recursos.

En lo personal, tuve la oportunidad de conocer a Tony Saca y conversar con él. Debo reconocer que es una persona agradable, carismática, de trato sencillo y con una facilidad natural para relacionarse con los demás. Es de esas personas que, al conversar con ellas, generan simpatía.

Recuerdo particularmente que, en julio de 2004, recién iniciada su administración, le envié una carta expresándole algunas observaciones sobre la conducción del país. Para mi sorpresa, tuvo la humildad y la cortesía de responderme personalmente. Ese gesto, viniendo del presidente de la República, dejó en mí una impresión que todavía conservo. Escuchar a un ciudadano que plantea observaciones críticas también es una expresión de respeto hacia quienes depositan su confianza en las instituciones.

Hay, además, una diferencia jurídica entre las situaciones que enfrentaron algunos expresidentes salvadoreños que merece explicarse sin apasionamientos políticos.

Tony Saca permaneció en el país, enfrentó el proceso judicial, admitió los hechos mediante un procedimiento abreviado y cumplió su condena. Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, por su parte, se establecieron en Nicaragua mientras enfrentaban requerimientos de la justicia salvadoreña. No obstante, sería incorrecto equiparar automáticamente sus responsabilidades, porque cada proceso tiene hechos, pruebas y resoluciones diferentes.

En el caso de Mauricio Funes, existe una circunstancia judicial concreta: fue condenado por tribunales salvadoreños. En mayo de 2023 recibió una pena de catorce años por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, relacionados con la tregua con las pandillas. Posteriormente, fue condenado a seis años por evasión de impuestos y, en junio de 2024, a ocho años por casos especiales de lavado de dinero y activos.

Estas tres condenas, consideradas individualmente, sumaban veintiocho años de prisión. Fueron decisiones judiciales, no simples acusaciones difundidas en medios de comunicación.

Funes falleció en Nicaragua el 21 de enero de 2025, sin haber comparecido personalmente para cumplir aquellas penas. Desde una perspectiva jurídica, es importante precisar que no falleció habiendo sido absuelto de esos hechos: murió con condenas penales dictadas en su contra. Señalarlo no constituye una descalificación personal, sino reconocer un antecedente judicial documentado.

Respecto de Salvador Sánchez Cerén, corresponde mantener una distinción esencial: las acusaciones formuladas en su contra deben valorarse conforme a su propio proceso y bajo la presunción de inocencia, sin atribuirle condenas que no hayan sido establecidas judicialmente.

Este contraste no pretende presentar a Saca como modelo de conducta pública ni restar importancia a sus delitos. Únicamente permite comprender que existen diferencias entre enfrentar una condena, cumplir materialmente la pena y permanecer fuera del país mientras se desarrollan procesos o existen decisiones judiciales pendientes de ejecución.

Ahora bien, el verdadero asunto de esta reflexión no consiste en determinar cuál expresidente merece mayor simpatía. Consiste en comprender que la responsabilidad penal de un gobernante y la valoración histórica de su administración son cuestiones diferentes, aunque necesariamente relacionadas.

Una sociedad madura debe reconocer los programas que beneficiaron a la población, examinar sus resultados y, al mismo tiempo, exigir cuentas por el manejo de los recursos públicos. Ni las buenas políticas sociales justifican la corrupción ni los delitos cometidos convierten automáticamente en inútiles las obras que alguna vez favorecieron a miles de familias.

Tony Saca cumplió diez años de prisión. Su condena permanecerá como parte de su trayectoria, al igual que las decisiones gubernamentales que impulsó y las consecuencias que estas tuvieron para la población salvadoreña.

Y aquí está la reflexión con la que deseo concluir:

La justicia no necesita destruir la historia para demostrar su autoridad, ni la historia necesita ocultar los delitos para reconocer los aciertos. Ambas cumplen su verdadera función cuando permanecen fieles a los hechos.

Porque el día que aprendamos a reconocer las buenas obras de quienes se equivocaron, sin justificar sus faltas, y a exigir justicia sin convertirla en venganza, habremos alcanzado una madurez que nuestra sociedad necesita profundamente.

Al final, la grandeza de un pueblo no está en levantar monumentos a sus gobernantes ni en destruir para siempre sus nombres, sino en tener el valor de mirar su historia completa, llamar delito al delito, reconocer el bien donde realmente existió y no permitir que nuestras simpatías o resentimientos nos hagan traicionar la verdad.

Abogado y teólogo.