Luego de conocerse que ya fue emitida la orden de libertad para expresidente Elías Antonio Saca tras pasar diez años en prisión impuesta por la justicia salvadoreña por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, cometidos durante su gestión presidencial (2004-2009), la Fiscalía emitió un comunicado asegurando que los bienes incautados seguirán bajo custodia estatal.

Ante el impacto generado por la eventual salida del exmandatario del recinto penitenciario, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una postura oficial para aclarar el marco legal de la pena y el estatus del proceso.

En el comunicado, la institución recordó que la estructura del caso penal y el acuerdo de procedimiento abreviado —que derivó en la condena de una década de cárcel— fueron definidos durante la administración del exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.

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En el primer punto de la aclaración institucional, la FGR hizo referencia directa al marco legal que rodeó la condena del exmandatario durante el juicio, recordando que la estructura del caso penal y la pena impuesta fueron acordadas durante la administración del exfiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz mediante un proceso abreviado.

Asimismo, en el ámbito de las revisiones internas efectuadas por la actual gestión del Ministerio Público, la FGR aseveró haber identificado un presunto plan atribuido a Meléndez Ruiz que buscaba otorgarle la libertad anticipada al exmandatario antes de cumplir la totalidad de su pena.

Según el ente fiscal, dicha estrategia contemplaba mecanismos legales para que Saca abandonara la prisión en un plazo inferior a la mitad de los diez años dictados por el tribunal.

La institución enfatizó que dicho plan fue desarticulado por la actual administración fiscal, implementando las medidas correspondientes para evitar que la liberación pTPS: Claves, alternativas y el impacto familiar de perder la protección laboral en EE. UU.revia se concretara y asegurando que el imputado cumpliera íntegramente la pena en prisión.

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Propiedades e inmuebles decomisados seguirán bajo el Estado

Respecto a la fortuna, empresas, inmuebles, vehículos y cuentas bancarias sujetas a la Ley de Extinción de Dominio que le fueron decomisadas al expresidente y a sus colaboradores, el ente de control confirmó que estos activos no serán restituidos.

La Fiscalía aclaró de forma categórica que la totalidad de las propiedades vinculadas al caso y sometidas a medidas cautelares continuarán bajo la administración y custodia del Estado salvadoreño, conforme a las normativas legales aplicables y los fallos emitidos por los juzgados especializados.

Finalmente, la FGR reafirmó su compromiso con la legalidad y la defensa de los intereses estatales, exhortando a la ciudadanía a informarse de manera exclusiva por los canales oficiales para evitar especulaciones o la difusión de datos imprecisos alrededor del caso.

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