Hay epidemias que no necesitan virus para llenar hospitales y enlutar hogares. En El Salvador, los accidentes de tránsito se han convertido en una emergencia de salud pública que exige prevención, controles efectivos y, sobre todo, responsabilidad de quienes utilizan las vías públicas.
Las cifras son alarmantes. Hasta el 3 de octubre de 2026, el país registraba 16,917 siniestros viales, 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos. En accidentes relacionados con el transporte de carga pesada, al 7 de octubre se contabilizaban 72 muertos y 503 lesionados. Cada cifra representa una vida truncada, una familia golpeada o una persona que deberá afrontar secuelas físicas y económicas.
Camiones de alto tonelaje, autobuses, vehículos livianos, motocicletas y peatones coinciden en calles y carreteras donde la negligencia puede resultar mortal. La responsabilidad vial no es una consigna abstracta: implica obligaciones concretas para cada actor.
Los conductores de transporte pesado deben respetar los límites de velocidad, asegurar la carga, mantener sus unidades en condiciones mecánicas adecuadas y cumplir los períodos de descanso. Las empresas transportistas deben verificar el estado de sus vehículos y la aptitud de sus conductores.
Los operadores del transporte público deben respetar las paradas, evitar maniobras peligrosas y proteger a sus pasajeros. Los automovilistas deben abstenerse de usar el teléfono al volante, mantener la distancia de seguridad y jamás conducir bajo los efectos del alcohol. Los motociclistas deben utilizar cascos certificados y evitar adelantamientos temerarios. Los peatones deben utilizar los cruces habilitados cuando existan y atender las señales, sin que ello libere a los conductores de su obligación de extremar las precauciones.
Las autoridades tienen igualmente deberes ineludibles: fiscalizar, sancionar, controlar el transporte colectivo y de carga, mantener las vías señalizadas y corregir los puntos de mayor peligrosidad. La prevención requiere presencia constante, no operativos esporádicos después de una tragedia.
Mientras tanto, las redes sociales se llenan de condolencias, pésames y fotografías que exaltan a quienes han muerto. Pero ¿cuánto de ese espacio se dedica a educar, denunciar conductas peligrosas y prevenir nuevos accidentes? El homenaje más útil no consiste únicamente en lamentar una pérdida, sino en impedir que se repita.
El llamado a la acción es inmediato: desde hoy, cada conductor debe comprometerse a respetar los límites de velocidad, guardar el teléfono, usar el cinturón de seguridad o el casco y nunca conducir bajo los efectos del alcohol. Las empresas deben revisar sus unidades y exigir una conducción segura; las autoridades deben publicar resultados periódicos de sus controles, sanciones y medidas preventivas. Y cada ciudadano debe denunciar, por los canales oficiales, las conductas peligrosas que pongan vidas en riesgo.
No esperemos al próximo accidente para reaccionar. Convirtamos cada conversación, cada publicación y cada viaje en una oportunidad para proteger la vida.
Ya basta de contar muertos y repartir condolencias. La carretera no necesita más promesas: necesita acciones. Si usted conduce, asuma su responsabilidad; si tiene autoridad, ejerza su deber; si presencia una imprudencia, no la normalice. Ningún apuro vale una vida. Respetar la vida ajena no es opcional: es una obligación.
