La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) informó que continúa apoyando esfuerzos legislativos para proporcionar un camino al estatus legal permanente para residentes de largo plazo de los EE.UU. que han dependido del TPS, entre ellos 170,000 salvadoreños que ahora se encuentran en la «incertidumbre».

Se trata de la ley bipartidista “American Dream and Promise Act.”, que crearía una solución a largo plazo para quienes se encuentren en esta situación y que han contribuido positivamente al tejido de la vida estadounidense y han establecido profundas raíces en el país, como tener cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses, tener negocios y más.

Los obispos instaron al Congreso de Estados Unidos a tomar medidas para posibilitar ese mecanismo, al mismo tiempo que destacaron que la salida forzosa diferida (DED, por sus siglas en inglés), dependiente de la autoridad constitucional del Presidente, es similar al TPS, ya que ofrece alivio frente a la deportación y acceso a la autorización de empleo.

En un documento, la asamblea de prelados recuerda que el 9 de septiembre estaba previsto que caducara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador, pero esto ha quedado en suspenso.

Sin embargo, «la fecha ha pasado sin que el DHS emita un aviso formal ya sea prorrogando o terminando el TPS para beneficiarios salvadoreños del TPS», observan los obispos.

El 3 de septiembre se publicó una alerta en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) indicando que los beneficiarios salvadoreños del TPS seguirían manteniendo las protecciones del TPS, incluida la autorización de empleo, a la espera de un anuncio futuro, pero esto mantiene en la «incertidumbre» a los tepesianos de El Salvador.

«El DHS (Departamento de Seguridad Interior) no ha hecho ningún anuncio formal respecto a su designación, dejando a cientos de miles de beneficiarios salvadoreños del TPS en un estado de incertidumbre», señalan los obispos.

«Muchos (salvadoreños) han continuado viviendo y trabajando en los Estados Unidos durante décadas (y) durante este tiempo, han contribuido significativamente a la economía estadounidense y han sostenido a sus familias», destacan los obispos.

En ese sentido recuerdan que la designación de TPS para El Salvador ha sido prorrogada repetidamente debido a las condiciones adversas en el país, incluyendo más desastres ambientales, riesgos climáticos, desafíos en infraestructuras e inseguridad alimentaria e hídrica y ahora el país vive un “Estado de Excepción” desde marzo de 2022 «en respuesta al aumento de asesinatos de bandas, lo cual genera preocupación por violaciones de derechos humanos».

«El Estado de Excepción permite a las autoridades locales arrestar a cualquier persona sospechosa de estar involucrada en actividades pandilleras y suspende varios derechos constitucionales, como las protecciones del procedimiento penal y el acceso al debido proceso y a un abogado. Decenas de miles de personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, han sido encarceladas como resultado del Estado de Excepción y continúan a la espera de juicio», afirman.

Bajo la actual administración Trump se ha cancelado el TPS para los beneficiarios de 12 países.

En junio, el obispo Brendan Cahill, presidente del Comité de Migración de la USCCB, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado citando la crisis moral creada al revocar el estatus legal a cientos de miles de personas cuando regresar a su país de origen no es una opción segura ni razonable.