Congresistas y activistas piden extensión para El Salvador del TPS, que acaba en 6 días
Liderada por el congresista Jim McGovern, una coalición bipartidista presionó al Gobierno de Estados Unidos a solo seis días del vencimiento del programa humanitario
El congresista Jim McGovern y representantes de la Alianza Nacional del TPS piden se mantenga el programa humanitario para El Salvador. Foto EDH/AFP.
Liderada por el congresista Jim McGovern, una coalición bipartidista se pronunció sobre el Gobierno de Estados Unidos a solo seis días del plazo fatal fijado para el 9 de septiembre.
A solo seis días de que expire la designación actual del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, un grupo de congresistas estadounidenses, junto a representantes de la Alianza Nacional del TPS (National TPS Alliance), se pronunció este jueves desde las afueras del Capitolio para pedir formalmente a la administración gubernamental de Estados Unidos la extensión de este beneficio migratorio.
La conferencia de prensa fue encabezada por el representante demócrata Jim McGovern, acompañado por sus colegas legisladores Don Bacon, Joaquín Castro y Luz Rivas, en un esfuerzo que calificaron como un frente bipartidista.
Durante su intervención, McGovern enfatizó que la continuidad del programa no debe ser tratada como un tema partidista. «Hay un acuerdo de ambos lados en que extender esta designación no solo es lo correcto moralmente, sino que también es bueno para Estados Unidos, nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestras comunidades», sostuvo el legislador.
Entre los argumentos presentados se destacaron las consideraciones económicas del programa. De acuerdo con los datos presentados durante la conferencia, los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan aproximadamente $1,500 millones de dólares anuales en impuestos al fisco estadounidense.
Impacto social y panorama en El Salvador
El congresista recordó que organizaciones internacionales de derechos humanos y dependencias del propio gobierno estadounidense han determinado previamente que las condiciones económicas, ambientales y de seguridad en El Salvador continúan presentando desafíos para la reabsorción masiva de personas.
Por ello, advirtieron que una eventual cancelación del estatus afectaría de manera directa no solo a los trabajadores amparados, sino también a sus familias —incluyendo a más de 150,000 niños nacidos en Estados Unidos— y a las comunidades en las que residen e interactúan laboralmente.
Incertidumbre ante la fecha límite del 9 de septiembre
La movilización en Washington ocurre en un contexto de alta expectativa en El Salvador. El plazo fijado para el vencimiento de la protección se cumple este próximo 9 de septiembre de 2026.
Especialistas migratorios y organizaciones locales han recordado que la decisión final recae en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., el cual aún no ha emitido el anuncio oficial final sobre la extensión o la cancelación definitiva.
Asimismo, analistas del tema han señalado que, ante la eventual terminación del programa o un escenario de litigios judiciales, los efectos sobre los permisos de trabajo y la residencia no surtirían un impacto inmediato o una expulsión automática para la comunidad salvadoreña.
La exposición textual de McGovern:
«Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí.
Quiero agradecer a la Alianza Nacional de TPS por asociarse conmigo para organizar este evento y por su incansable defensa de los beneficiarios del TPS en todo el país.
También quiero agradecer a mis colegas: Don Bacon, Joaquín Castro y Luz Rivas por ser increíbles compañeros en esta lucha y acompañarme hoy. Representamos una coalición bipartidista y creo que es importante destacarlo.
Hoy, a solo seis días de que venza la designación actual, estamos aquí para pedirle a esta administración que extienda la designación de TPS para El Salvador.
Quiero dejar claro desde el principio que esto no debería ser un tema partidista. Hay un acuerdo bipartidista en ambos lados de que extender esta designación no solo es lo correcto moralmente, sino que también es bueno para América.
Es bueno para nuestra economía, es bueno para nuestra seguridad nacional, es bueno para nuestras comunidades. Es lo correcto y es lo más inteligente.
Es lo correcto porque organizaciones de derechos humanos y nuestro propio gobierno han determinado que las condiciones humanitarias, económicas y ambientales en El Salvador hacen que sea inseguro regresar para muchos. Terminar la designación de TPS causaría gran daño a los beneficiarios salvadoreños, a sus familias y a las comunidades donde viven y apoyan.
Es lo inteligente porque los beneficiarios del TPS pagan unos mil quinientos millones de dólares en impuestos».
