La fecha de finalización del TPS para El Salvador está prevista para la próxima semana. Foto EDH/Referencia
El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos podría prorrogarse automáticamente por un periodo de seis meses o 180 días en caso de que el gobierno estadounidense no se pronuncie oficialmente antes de su vencimiento, de acuerdo con lo explicado por el excónsul de El Salvador en Estados Unidos, Óscar Landaverde, durante un programa transmitido en YouTube por la organización Socorro Jurídico Humanitario.
Mecanismo de prórroga automática y silencio administrativo
Durante su intervención, Landaverde detalló que la normativa migratoria contempla la figura del «silencio administrativo».
Bajo este principio procedimental, si el gobierno estadounidense no emite una resolución formal determinando el futuro del programa antes de la fecha de expiración, la cobertura legal del TPS podría extenderse automáticamente por 180 días adicionales para evitar vacíos legales que dejen desprotegidos a los beneficiarios.
La contraposición: EE.UU. ya determinó la fecha de finalización
Sin embargo, el propio ex diplomático aclaró que este escenario de prórroga por silencio administrativo enfrenta un obstáculo fundamental: las autoridades norteamericanas ya se pronunciaron de forma oficial sobre el término del beneficio, estableciendo como fecha oficial de finalización el 9 de septiembre de 2026.
Según expuso Landaverde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ya emitieron una resolución que determina la fecha de cancelación del estatus para los salvadoreños.
«El gobierno de Estados Unidos ya se manifestó y ha sido bien claro. El gobierno dijo: ‘El fin del TPS es el 9 de septiembre’. En otras palabras, ya determinó que el fin del TPS es el 9 de septiembre. Entonces no puede decirse que hay silencio administrativo, porque ya dio la resolución», sostuvo Landaverde.
Landaverde aclaró además que las recientes notificaciones recibidas por los beneficiarios no constituyeron una nueva prórroga sustancial del programa, sino un proceso técnico para unificar las fechas de vencimiento de permisos de trabajo físicos que vencían en meses diferentes (como julio o agosto) debido a retrasos acumulados en la entrega de tarjetas físicas.
Al corregir dicha disparidad, las autoridades estadounidenses ratificaron el 9 de septiembre como la fecha final del TPS.
Frente a la ratificación de la fecha límite por parte de Washington, Landaverde sostuvo que la posibilidad de lograr una prórroga efectiva de seis meses u otro periodo no provendrá de un proceso automático ni de gestiones gubernamentales, sino de las acciones judiciales que interponga la propia comunidad de beneficiarios.
El exdiplomático explicó que las organizaciones de salvadoreños podrían interponer demandas ante cortes federales o solicitar medidas cautelares de emergencia el propio 9 de septiembre, argumentando que la resolución del gobierno estadounidense no cumplió con los procedimientos e intervalos que exige la ley.
No obstante, reconoció que la vía judicial presenta un camino sumamente complejo y difícil.
Sin embargo, señaló “esperemos un milagro”, ante un posible “as bajo la manga” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
