La Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador (The Bitcoin Office) reportó ayer una nueva transacción del gobierno relacionada con la compra de ese activo digital, una compra que eleva la reserva de Bitcoins que mantiene el país a 7,651.3 unidades de esta criptomoneda, lo que implica un incumplimiento intrínseco de los compromisos que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo entre El Salvador y el FMI, que consiste en un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de $1,400 millones desembolsables en 40 meses, subraya que parte de los compromisos que el país aceptó para acceder al programa es el reducir sus participaciones en inversiones con Bitcoin y también mantener sus reservas sin cambios. No obstante, y pese a que el gobierno cumplió una parte al reformar la Ley Bitcoin y quitar su carácter obligatorio, estos compromisos no se están cumpliendo del todo.

Lo anterior debido a que solo en 2025 y lo que va de 2026 las reservas de la criptomoneda aumentaron en más de 1,600 Bitcoins (BTC), lo que refleja que estas reservas no solo continúan variando sino que aumentan cada día más gracias al proyecto de compra de un Bitcoin diario que el gobierno impulsa desde la aprobación de la ley en 2021.

En la primera revisión del acuerdo, en junio del año pasado, el FMI estipulaba que “los riesgos relacionados con el Bitcoin deben seguir mitigándose. Reducir cuanto antes la participación pública en la billetera electrónica del gobierno (Chivo) sigue siendo esencial, y también deben continuar los esfuerzos para mantener sin cambios las tenencias de Bitcoins por parte del sector público y para mejorar la supervisión de criptoactivos, con el fin de reforzar la protección de consumidores e inversores.”

Aún así, desde entonces, el programa ha experimentado una serie de retrasos y, solo en noviembre del año pasado, el gobierno destinó hasta $100 millones provenientes de fondos públicos para comprar más de 1,000 BTC, contrariando lo sugerido por el FMI un par de meses antes.

Esta situación, de hecho, podría estar retrasando los avances del programa con el FMI, ya que a la fecha aún no se hacen públicos los resultados de la segunda y tercera revisión del programa, los cuales debieron haber sido divulgados por el Fondo en septiembre del año pasado y en marzo de este año.

De acuerdo con un informe reciente de la calificadora Fitch Ratings, “el retraso (en el acuerdo con el Fondo) se refleja principalmente en un retraso en hitos relacionados con la reforma de las pensiones y los problemas de Bitcoin, más que un rendimiento macroeconómico”, al mismo tiempo que añade que “las autoridades aún no han aclarado la naturaleza de la acumulación de Bitcoin anunciada a finales del año pasado, y el acuerdo prohíbe dicha acumulación con fondos públicos”.

En este sentido, los incumplimientos de compromisos no solo provienen del lado de las operaciones relacionadas con la criptomoneda, sino también por el lado de las pensiones pues el gobierno debió haber presentado una propuesta de reforma a dicha ley el pasado 10 de febrero, pero a la fecha no se ha conocido ningún proyecto de este tipo.

Hasta el momento, la reserva total de Bitcoins del país mantiene comprometidos más de $623.2 millones de fondos públicos, un monto que se mantiene fluctuando debido a volatilidad de la criptomoneda, la cual podría provocar pérdidas si su valor cae o, por el contrario, traducirse en ganancias si su valor sube. Sin embargo, en los últimos siete meses ha perdido más de $44,000 en valor.