Las nuevas leyes permitirán que las empresas abran cuentas bancarias fuera de la isla o que contraten personal sin necesidad de la aprobación estatal.
Las nuevas leyes permitirán que las empresas abran cuentas bancarias fuera de la isla o que contraten personal sin necesidad de la aprobación estatal.

El Consejo de Estado de Cuba publicó este jueves el Decreto-Ley 128 que da luz verde a las empresas extranjeras a contratar empleados de forma directa sin pasar por agencias estatales y a abrir cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del Banco Central de Cuba; también establece que el sector privado pueda crear agencias de turismo.
En rueda de prensa, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, dijo que estas medidas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, pero su impacto real no es posible “calcularlo”, debido al “componente de presión externa que no podemos desconocer”.
Hasta ahora las compañías internacionales tenían que contratar a los empleados locales mediante agencias empleadoras del Estado; con la autorización, tanto empresas mixtas (público-privadas) como de capital 100 % extranjero podrán hacerlo directamente, terminando con el monopolio estatal. También podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera a sus trabajadores.
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Por otro lado, las empresas no tendrán que tener permisos del Banco Central de Cuba para manejar cuentas en el exterior, sino que podrán abrir y operar en el extranjero sin autorización. Solo tendrán que notificar la apertura en un plazo de siete días y auditar los movimientos. También se simplifican los permisos para importar y exportar, mediante un proceso digital.
Este jueves también ha entrado en vigor el Decreto-Ley 130, que flexibiliza y actualiza los derechos sobre tierras y propiedad.
El miércoles ya había entrado en vigor el Decreto-Ley 133 que permite la formación de empresas privadas mayores de 100 trabajadores, así como la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.
La pasada semana fue autorizada la posibilidad de establecer cadenas comerciales.

Pérez-Oliva destacó que las transformaciones «van en el camino correcto» y destacó «la posibilidad de que los empresarios privados se puedan asociar con capitales extranjeros»; «la posibilidad de que las empresas privadas puedan realizar directamente el comercio exterior» o «las alianzas entre el sector público y el sector privado».
Sin embargo, el viceprimer ministro aclaró que no solo dependen de la norma jurídica interna, sino que también están sujetos a lo externo, y destacó que «las presiones sobre transportistas internacionales» encarecen los costos de la producción y servicios públicos, en una referencia a la presión económica de Estados Unidos de los últimos meses.
Entre las medidas anunciadas este jueves también están las que afectan al sector turístico: se podrán crear agencias de viajes privadas, desde la micro hasta la gran empresa.
Para impulsar el ecoturismo se posibilitarán inversiones en zonas priorizadas para conservación y en contextos patrimoniales.
En este sentido, habrá un impuesto reducido del 25 % para los beneficios en este tipo de proyectos y se eliminan los aranceles aduaneros para importar equipamiento destinado a la inversión mientras que no habrá impuesto si las utilidades se reinvierten en la actividad.
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Sobre incentivar este tipo de forma turística, el director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, reconoció que en Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata se ha estado «promoviendo desde hace muchísimos años», pero que ahora «concurren en este momento un grupo de elementos dentro del turismo que han permitido ampliar sustantivamente esta posibilidad».
Las reformas aprobadas en junio buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana. Su entrada en vigor se produce en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave situación económica desde hace seis años.
La crisis se ha agudizada desde enero, cuando inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.
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