Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que en el 2021, año del hecho de Alejandro, ocurrieron 580 siniestros viales donde la causa fue el estado de ebriedad o droga. Esos casos dejaron 39 personas fallecidas y 435 lesionados. Foto EDH/Ilustrativa con IA
Una sola decisión al volante destruyó dos vidas en cuestión de segundos: la de un motociclista que murió en la escena y la de Alejandro (nombre cambiado para proteger su identidad), un hombre de 43 años cuya existencia dio un giro irreversible tras mezclar el alcohol con la conducción de vehículos.
El costo de esa irresponsabilidad ascendió de inmediato a una fianza de $2,500, la pérdida total de su vehículo, días de encierro en las bartolinas policiales y una deuda acumulada de unos $15,000 destinada a honorarios de abogados, procesos judiciales y conciliaciones económicas con los familiares de la víctima.
Cuatro años después de la tragedia, Alejandro aún arrastra las secuelas financieras y emocionales de aquel día.
Por un lado, continúa pagando las deudas adquiridas tras haber tenido que pedir dinero prestado para cubrir la fianza y los gastos legales, una carga económica que se mantiene como un recordatorio constante.
Por el otro, carga con el peso de la culpa moral, el trauma de haber provocado la muerte de un motociclista y el remordimiento de saber que una irresponsabilidad al volante destrozó vidas ajenas y cambió la suya para siempre.
De bebedor «social» al punto de no retorno
El camino de Alejandro hacia la tragedia no comenzó de la noche a la mañana, sino de forma progresiva a lo largo de los años.
Su primer contacto con el alcohol ocurrió a los 15 años durante una fiesta de cumpleaños, impulsado por el deseo adolescente de encajar en un grupo.
Durante años, mantuvo lo que la sociedad etiqueta como un estilo de vida «funcional»: estudiaba, trabajaba en centros de llamadas y asistía a reuniones.
Sin embargo, el consumo pasó de ser ocasional en fines de semana o navidades a volverse constante, superando sus presupuestos reales con tarjetas de crédito y deteriorando sus relaciones afectivas.
Las alertas rojas se presentaron mucho antes del accidente fatal.
Años atrás, en un control vehicular, marcó 85 grados de alcohol en la prueba de alcoholemia —cuando el límite de tolerancia permitía evitar la multa por debajo de los 50 grados—.
Lejos de asumir una pausa, optó por buscar alternativas para burlar a las autoridades:
«Lo que voy a hacer es salir más noche porque ya después de las 11 ya no hay retenes», relata al recordar cómo minimizó los avisos previos.
Incluso libró otros percances viales gracias a arreglos fortuitos en la calle, alimentando una falsa sensación de control.
La noche que cambió todo
El punto de quiebre ocurrió en diciembre de 2021.
Tras una fiesta navideña de su trabajo en la que consumió alcohol en cantidades superiores a las habituales —y arrastrando varios días continuos de ingesta previa—, decidió continuar la noche al volante.
El resultado fue un aparatoso accidente múltiple que involucró su vehículo, otro automóvil y dos motocicletas, cobrándose la vida de un motociclista.
“Yo todavía sueño y digo: ¿por qué no me detuvo un retén?”, confiesa con profundo remordimiento.
Irónicamente, asegura que habría preferido ser detenido en un control policial preventivo aquella noche antes de provocar una muerte.
Tras el impacto, la Policía lo remitió a las bartolinas, imputándole tres delitos graves: conducción temeraria, homicidio culposo y lesiones culposas.
El proceso judicial, el impacto financiero y la redención
Estar tras las rejas expuso a Alejandro a una realidad cruda.
Al enterarse de los cargos, un oficial le explicó que la ley del FONAT permite enfrentar los procesos en libertad si se cuenta con documentos en regla y se comprueba que un accidente trágico fue fortuito, a menos que se conduzca bajo los efectos del alcohol, condición que destruye cualquier protección legal.
El proceso se prolongó debido al inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
Para recuperar su libertad condicional, su familia debió realizar fuertes sacrificios económicos, prestando dinero para pagar la fianza de $2,500.
A esto se sumaron las medidas sustitutivas impuestas por los tribunales: firmas obligatorias cada dos semanas en el Centro Judicial Isidro Menéndez, la prohibición estricta de frecuentar bares o lugares de consumo, y terapia psicológica obligatoria.
Meses después del proceso, buscando sanar las culpas morales y emocionales que arrastraba, llegó por recomendación institucional a Alcohólicos Anónimos (AA).
Hoy, con cuatro años de sobriedad sostenida desde octubre de 2022, su perspectiva de vida ha cambiado radicalmente.
Lejos de buscar justificaciones o culpar a su entorno, Alejandro envía un mensaje directo a quienes continúan subestimando los peligros del alcohol al conducir:
«El verdadero fondo es cuando uno acepta que hasta ahí llegó, o sea, concientizarse», subraya.
Actualmente, con una nueva familia e hija pequeña, comprende que la verdadera prevención no nace del miedo a una multa o a la ley, sino de reconocer a tiempo una enfermedad que, en un abrir y cerrar de ojos, destruye el futuro de inocentes y arrastra al abismo al propio infractor.
