Hace unos días se instaló una “audiencia única abierta” para juzgar a 487 reos, la mayor parte de ellos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Son acusados por más de 29,000 asesinatos, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Bukele a imponer el régimen de excepción. Posteriormente, hubo una serie de reformas al código penal; son esas las que permiten juicios masivos y las “audiencias únicas abiertas”, en las que, aunque haya un fallo, la fiscalía puede reabrir el proceso si alega que tiene nuevos delitos que juzgar.

En principio esta debiera ser una buena noticia; así la han presentado la fiscalía, el ministro de seguridad pública y el mismo presidente. Ningún crimen debiera quedar impune, y menos los cometidos por las pandillas, especialmente aquellos caracterizados por sadismo y crueldad en contra de víctimas casi siempre indefensas.

Ahora bien, el juicio se ha montado sobre reformas ah hoc al Código Penal que han sido duramente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos, en tanto que violan principios fundamentales del derecho, por ejemplo, la presunción de inocencia, y sobre todo la debida individualización de la participación en el delito que se juzga. Por otra parte, ha trascendido que buena parte de las pruebas que la fiscalía presenta son pandilleros que actúan como “testigos criteriados”, por cuya acción podrían recibir un trato preferente.

El gobierno presenta este juicio como un éxito más de su combate a las pandillas; en su momento, dirá que por fin se ha hecho justicia a las víctimas de las pandillas. Vale decir que el resultado del juicio es fácilmente predecible. El presidente, que no resiste ninguna tentación para magnificar sus supuestos logros, ha comparado este juicio con los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

La historia no es el fuerte del presidente, su fuerte son las comunicaciones. Y seguramente que muchos de sus seguidores asintieron entusiasmados a su publicación. Lo hacen en automático, sin someterla a crítica. Sin pretender profundizar, presento cuatro puntos que cuestionan la afirmación presidencial:

Primero, en Núremberg se instaló un tribunal ad hoc creado tras un conflicto bélico internacional para juzgar crímenes contra la humanidad y genocidio. El gobierno salvadoreño utiliza la analogía del «derecho penal de enemigo» o de «estructuras criminales masivas» para elevar el estatus de las pandillas al de un ejército irregular, algo jurídicamente muy discutible. En Núremberg se crearon leyes ex post facto (después de los hechos), mientras que en El Salvador se están reformando leyes vigentes para procesar penalmente a los detenidos.

Segundo, en el juicio principal de Nuremberg sí se juzgó a la cúpula nazi. Posteriormente hubo otros juicios contra mandos medios y colaboradores. Se juzgó la pertenencia a una organización criminal — no el ejército alemán, sino las Waffen SS. Es decir, se diferenció niveles de participación. Aquí se acusa a todos por igual, independientemente de su rango y nivel de participación en los crímenes.

Tercero, en Nuremberg hubo juicios individuales, aquí son masivos. Cada uno de los 24 jerarcas nazis tuvo una defensa técnica, derecho a presentar pruebas y recibió una sentencia individualizada de cientos de páginas. En las reformas recientes de El Salvador se permiten juicios por «clicas» (grupos de hasta 900 personas), donde la individualización de la pena se vuelve casi imposible. Núremberg buscaba precisamente evitar la responsabilidad colectiva indiscriminada a través de un proceso legal minucioso; aquí se buscan condenas masivas, sin que exista la posibilidad de una defensa técnica efectiva. Lo último es especialmente preocupante pues es bien sabido que en el régimen de excepción ha habido alto margen de error en las capturas. Lastimosamente, pocos abogados se atreven a dar a conocer los problemas que enfrentan actuando como defensores.

Y cuarto, los jueces de Núremberg eran de cuatro potencias distintas (Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS), lo que generaba un sistema de contrapesos que garantizaba el debido proceso. Aun así, el juicio fue visto por algunos como una «justicia de los vencedores». En El Salvador, organismos como la CIDH y la ONU han señalado que la destitución de magistrados en 2021 y la jubilación forzada de jueces comprometido la imparcialidad necesaria en el sistema judicial. Es decir, el ejecutivo ha cooptado el sistema de justicia e incluso ha amenazado y castigado a jueces que no han dado veredictos de su agrado.

En síntesis, la afirmación presidencial es puramente retórica y con obvios intereses políticos. Su fundamento histórico es endeble; seguramente un abogado podría cuestionarla con mucha más propiedad sus fundamentos jurídicos. Conociendo los prejuicios y la intolerancia a las críticas que caracterizan al gobierno y a sus seguidores, en mi calidad de ciudadano, añado lo siguiente: no defiendo pandilleros. Soy consciente del daño que estos causaron a la sociedad salvadoreña. Y me gustaría que el peso de la justicia cayera sobre cada uno de ellos. Pero sabiendo que su acusación se fundamenta en una sólida investigación, que se ha individualizado debidamente su participación en cada ilícito y que se le impondrá una pena proporcional a su contribución en el crimen juzgado. Cualquier juicio que no cumpla con esos requisitos, podrá ser cualquier cosa, menos justicia. Y ya puesto a pedir, añado: también me gustaría que se enjuiciara a todos los que negociaron con las pandillas buscando beneficios político-electorales.

Historiador, Universidad de El Salvador