Tribuna EFE - Casa América con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Foto EFE
El presidente y el vicepresidente de la República, Nayib Bukele y Félix Ulloa, se pronunciaron sobre el más reciente informe publicado esta semana en el que denunciaron posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador durante el régimen de excepción.
El presidente Bukele dijo en su cuenta de X el pasado 11 de marzo que “es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada”.
Ulloa también publicó este jueves en esta red social cuatro mensajes en los que cuestionó a las organizaciones de derechos humanos por, supuestamente, no denunciar en su momento el “genocidio” causado por las pandillas entre 2009 y 2019, en referencia a los homicidios cometidos en ese periodo.
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.
“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños”, señaló Ulloa.
“¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, agregó el vicepresidente.
Sin embargo, Zaira Navas, de Cristosal, una organización que denunciado en reiteradas ocasiones la violencia de pandillas y que en los últimos años han cuestionado el papel del Estado por supuestas violaciones a derechos humanos, aseguró que el papel de estas organizaciones no es nuevo y que han denunciado la violencia desde hace años.
Navas dijo el pasado 10 de marzo en el marco del 195 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que algunas de las organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos desde el pasado conflicto armado en El Salvador.
“Hemos señalado la violencia criminal generada por las pandillas, de hecho Cristosal ha sido una organización dedicada a atender a víctimas del desplazamiento forzado provocado por las pandillas y estamos ahora acompañando a las víctimas”, afirmó la abogada de Cristosal.
Ulloa, por su parte, aseguró que las miles de muertes ocasionadas por las pandillas son “omitidas como delito de lesa humanidad “por juristas, expertos, medios de comunicación y ONGs financiadas por (George) Soros. ¿Deberían las Naciones Unidas investigarlo de oficio?”, manifestó.
Además, añadió, que este es un delito que no prescribe y que puede juzgarse en cualquier periodo de tiempo. Sin embargo, en febrero de 2024, la Fiscalía informó que 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) ya están siendo procesados, quienes serían los responsables de al menos 29,416 homicidios agravados cometidos por las pandillas en esa época.
Por su parte, la abogada Roxana Cardona, señaló que el vicepresidente “ha confundido conceptos”, pues los delitos de lesa humanidad requieren un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil carcelaria”, lo que implica capacidad organizativa, recursos y política oficial.
El Estatuto de Roma incluye dentro de la configuración de delitos de lesa humanidad la “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. Mientras que entiende como genocidio los actos “perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
El informe
El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentó el 11 de marzo un informe que expone que en el país se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Un hombre fue liberado en pesimas condiciones de salud tras pasar meses detenido por el régimen de excepción, por lo que tuvo que ser cargado por un familiar.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Afirmaron que existen bases “razonables” para creer que bajo el régimen de excepción hay encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros hechos.
La conclusión central del informe detalla que “el régimen de excepción ha permitido al gobierno del presidente Bukele concentrar el poder absoluto, al amparo del cual se han cometido violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
