Hay cosas que el tiempo no logra borrar. Una de ellas es la verdad.
Después de más de cuatro décadas, el artículo pretende volver a contar la historia del asesinato de los cuatro periodistas neerlandeses como si todo hubiera sido simplemente un desafortunado encuentro en una zona de guerra. Como si cuatro periodistas hubieran salido a buscar el peligro y la muerte hubiera sido, apenas, parte de los “riesgos del oficio”.
Qué conveniente resulta esa explicación cuando se omite quiénes tenían las armas, el mando y la responsabilidad de garantizar la vida de quienes se encontraban en el terreno.
Pero las víctimas del conflicto armado salvadoreño y sus familiares llevan décadas reclamando algo mucho más sencillo: verdad y justicia. Por eso corresponde responder desde una convicción elemental: una sociedad como la salvadoreña no puede construir su futuro sobre el silencio, la negación o la impunidad.
Y aquí conviene recordar algo muy sencillo: la verdad no es una emboscada. La verdad no sorprende a nadie por la espalda. La verdad se busca, se investiga y, cuando finalmente aparece, se reconoce, aunque resulte incómoda.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el caso de los cuatro periodistas neerlandeses.
La Comisión de la Verdad documentó los hechos y concluyó que la muerte de los periodistas fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con conocimiento de otros altos oficiales de la Fuerza Armada. Décadas después, el proceso judicial volvió a examinar los hechos a la luz de nuevas pruebas, testimonios, documentos y peritajes.
Y aquí está lo que ya no puede presentarse como una simple opinión: las pruebas examinadas durante el juicio acreditaron que no se trató de un encuentro fortuito ni de una muerte accidental producida por los riesgos de la guerra. Fue un crimen planificado y dirigido deliberadamente contra los cuatro periodistas.
La resolución de la Cámara de lo Penal, al revisar las pruebas presentadas en el juicio, confirmó esa conclusión y mantuvo la responsabilidad penal de tres altos mandos militares: general Guillermo García, coronel Francisco Morán y coronel Mario Reyes Mena. La condena, por tanto, no responde a una interpretación política de la historia ni a una versión construida décadas después por las víctimas: responde a la valoración judicial de las pruebas que fueron presentadas, examinadas y sometidas a las garantías del proceso penal.
Por eso resulta difícil entender que, después de todo este camino, todavía haya quienes quieran presentar lo ocurrido como una simple consecuencia de la guerra.
No lo fue.
La guerra no puede convertirse en una licencia para matar. Y mucho menos en una excusa para convertir a las víctimas en responsables de su propia muerte.
Los periodistas estaban haciendo su trabajo. No eran combatientes. No eran un objetivo militar legítimo. Y las pruebas examinadas por los tribunales establecieron que existió una acción deliberada para interceptarlos y asesinarlos. La propia Fiscalía ha señalado que los militares los emboscaron para asesinarlos.
Por eso la sentencia importa tanto. Porque no se limitó a recordar lo ocurrido: estableció responsabilidades penales.
Y esas responsabilidades alcanzaron a quienes ocupaban posiciones de mando. Quizá eso sea lo verdaderamente incómodo del asunto: que la memoria persiste y que la justicia, aunque tarde, puede llegar.
Durante décadas se pidió a las víctimas que olvidaran. Se invocó la reconciliación para no investigar, la paz para no preguntar y el paso del tiempo para cerrar los expedientes. Pero el tiempo no convierte un crimen en un accidente. Tampoco convierte la impunidad en justicia.
La verdad tampoco cambia porque alguien decida contarla de otra manera cuarenta años después.
Y cuando finalmente llega la justicia, no sirve de mucho intentar emboscarla nuevamente con otra versión de los hechos.
La verdad ya fue investigada. Las pruebas ya fueron examinadas. La responsabilidad ya fue juzgada.
Lo que corresponde ahora es respetar a las víctimas, respetar las decisiones judiciales y entender que la lucha contra la impunidad no es una revancha contra el pasado.
