En El Salvador hay un dicho muy conocido: «El favor salió caro«. Y pocas veces ese refrán ha sido tan cierto como en los delitos informáticos que hoy están llenando los juzgados del país. Todos los días aparecen personas diciendo exactamente lo mismo: «Abogado, yo no robé nada; solo le presté la cuenta bancaria a un conocido». Y ahí comienza el verdadero problema. Porque cuando el investigador de la Policía, el fiscal y el juez escuchan esa explicación, la pregunta inevitable es: ¿y por qué un supuesto amigo necesitaba usar la cuenta bancaria de otra persona y no la suya?

Si la respuesta no convence, el camino puede terminar en una bartolina mientras se desarrolla una investigación penal. Lo curioso es que los salvadoreños somos desconfiados para unas cosas y excesivamente confiados para otras. Si un desconocido toca la puerta de la casa ofreciendo cambiar el medidor de agua, nadie le abre sin preguntar hasta el nombre del abuelo. Si llaman por teléfono diciendo que son del banco, medio país cuelga de inmediato. Pero aparece un chero diciendo: «Mira, haceme un favor, recibime un dinerito en tu cuenta y después te doy una parte…», y de repente desaparecen todas las alarmas.

Ahí sí nadie pregunta de dónde viene el dinero, quién lo manda, por qué no usa su propia cuenta o cuál es el negocio. Pareciera que el sentido común se fue a comprar minutas al Parque Libertad y todavía no regresa. Las organizaciones dedicadas al fraude informático conocen perfectamente esta realidad. Ellos no siempre buscan expertos en computación, hackers con capucha negra o genios de la informática como aparecen en las películas. No. Buscan algo mucho más sencillo: personas confiadas, ingenuas o necesitadas económicamente, dispuestas a prestar su cuenta bancaria por una pequeña comisión.

Es el equivalente moderno al que antes decía: «Solo guardame este paquetito, después paso por él». La diferencia es que ahora el «paquetito» viaja electrónicamente y queda registrado para siempre en los sistemas financieros. Cada depósito, cada retiro, cada transferencia y cada movimiento deja una huella digital que puede ser reconstruida mediante peritajes informáticos, reportes bancarios y registros electrónicos. En otras palabras, el dinero «habla», y cuando «habla», casi siempre señala hacia el titular de la cuenta.

Recientemente conocimos otro caso en el que el Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra una persona acusada del delito de hurto por medios informáticos, previsto en el artículo 13 de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, cuya pena oscila entre cinco y ocho años de prisión. Según la investigación, parte del dinero obtenido mediante un extrafinanciamiento no autorizado terminó depositado en la cuenta bancaria del imputado. Será durante la etapa de instrucción donde la Fiscalía deberá demostrar si existió una participación consciente y voluntaria en los hechos, pues la presunción de inocencia permanece vigente hasta que exista una sentencia firme.

Sin embargo, el simple hecho de aparecer como receptor del dinero ya coloca al titular de la cuenta en el centro de una investigación penal que nadie quisiera enfrentar. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. En derecho penal existe una enorme diferencia entre ser inocente y poder demostrarlo rápidamente. Hay personas que efectivamente desconocían el origen ilícito del dinero; otras sí sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El problema es que ambas terminan sentadas frente a un juez mientras la investigación intenta descubrir quién dice la verdad. Por eso, el famoso argumento de «yo solo hice el favor» no constituye un salvoconducto jurídico.

Al contrario, suele convertirse en el punto de partida de muchas investigaciones que implican entrevistas, allanamientos, análisis de teléfonos celulares, movimientos bancarios, peritajes informáticos y, en algunos casos, incluso la detención provisional. Resulta hasta gracioso escuchar algunas excusas. Hay quienes dicen: «Es que me ofrecieron veinte dolaritos por prestar la cuenta». Otros responden: «Pensé que era un negocio de criptomonedas». Y nunca falta el clásico: «Es que era mi mejor amigo». Pues bien, cuando ese «mejor amigo» desaparece con la velocidad de un bus de la ruta 42 bajando Los Chorros, el único que sigue dando la cara ante la Fiscalía es el dueño de la cuenta bancaria.

El amigo se esfuma, el dinero también, pero la investigación permanece, y los problemas legales tienen la mala costumbre de llegar puntuales. La enseñanza es sencilla y vale más que cualquier comisión fácil. Su cuenta bancaria no se presta a nadie. Tampoco se alquila, no se comparte, no se facilita y mucho menos se convierte en el «favorcito» de alguien que necesita mover dinero sin utilizar la suya. Si una persona le pide utilizar su cuenta para recibir fondos, pregúntese primero por qué no usa la propia. La respuesta, muchas veces, explica todo el negocio.

Como abogado he visto cómo una decisión tomada en apenas cinco minutos termina convirtiéndose en meses o incluso años de angustia para una familia entera. Lo barato sale caro, y en estos casos puede salir carísimo. Así que la próxima vez que alguien le diga: «Solo recibime este dinerito, no pasa nada», haga lo más inteligente que puede hacer un salvadoreño: dígale que no. Porque una cosa es prestar una escalera, un taladro o hasta la camisa de la Selecta; pero prestar la cuenta bancaria es, literalmente, prestarle a otro la puerta de entrada a sus propios problemas.

Abogado y teólogo.