La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este miércoles que realizará una visita oficial del 16 al 18 de octubre a El Salvador, para conocer y aprender sobre el modelo operativo penitenciario implementado por el mandatario Nayib Bukele para combatir el crimen organizado y las pandillas.

Durante la inauguración este miércoles en Costa Rica del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel con capacidad para 5,100 presos de mayor peligrosidad, Fernández reveló que fue invitada a una reunión con Bukele, orientada a abordar temas estratégicos de la agenda bilateral y regional.

Además, dentro del programa oficial, se contempla una visita a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a fin de «compartir de primera mano las experiencias y resultados del modelo de seguridad integral implementado en El Salvador», cita la invitación hacia la presidenta costarricense.

«Esta cooperación refleja la amistad y compromiso compartido entre ambos pueblos para fortalecer la seguridad, por eso este viernes viajaré a El Salvador atendiendo la invitación del presidente Nayib Bukele para conocer de primera mano el funcionamiento del CECOT, porque ya tenemos la infraestructura pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo operativo penitenciario», afirmó Fernández.

Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó que «es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado» como él.

«El Salvador ha sido fundamental en nuestra lucha contra la delincuencia, querido presidente Bukele desde aquí le envío un abrazo enorme con el aprecio y respeto de todo el pueblo de Costa Rica incluido por el apoyo que nos brindó en la administración anterior y la presente para que esta obra sea hoy una realidad, gracias a la asistencia técnica en este proyecto que hoy inauguramos», puntualizó Fernández.

Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles por la presidenta, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves, y el mandatario Bukele, participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada a unos 25 kilómetros de San José.

En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el CECOT, mientras que Bukele ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y recorrió la principal cárcel de ese país, alertando de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas. 

Megacárcel de Costa Rica, símbolo de mano dura ante el auge del crimen organizado

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), cuyo costo rondó los 35 millones de dólares, según el Gobierno, servirá para alojar a los delincuentes más peligrosos del país vinculados al crimen organizado, bajo medidas de extrema seguridad y uniformados de color naranja.

Las instalaciones fueron inauguradas este miércoles, pero su construcción comenzó en enero pasado cuando el entonces gobernante Rodrigo Chaves, y Bukele participaron en un acto oficial del inicio de esta obra ubicada contigua a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en la localidad de San Rafael, provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José.

«El Cacco es un modelo nuevo, un modelo de mano dura, Costa Rica será un referente mundial de la seguridad penitenciaria, vamos a ejercer mano dura porque el que la hace la tiene que pagar. Pero a la vez vamos a honrar la tradición costarricense de apegarse al respeto de los derechos humanos fundamentales que deben mantener las personas que van a vivir aquí», destacó Fernández en la inauguración.

El Cacco forma parte de la estrategia prometida por la presidenta Fernández y el gobierno anterior de su mentor y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, de atacar con mano dura al crimen organizado y de restringir «privilegios» a los presos.

¿Cómo llegó Costa Rica a la decisión de construir una megacárcel?

En los años recientes, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen un 70 % al narcotráfico y el crimen organizado, y han logrado desarticular a numerosas organizaciones criminales que tienen nexos con carteles mexicanos y colombianos.

Autoridades judiciales manifestaron que por su posición geográfica estratégica Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína procedente de Suramérica.

El pasado 16 de septiembre el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Determinación presidencial para el año fiscal 2027 con respecto a los principales países en el tránsito de drogas ilícitas, en la cual cita a 23 países, entre ellos todos los centroamericanos.

En 2025 las autoridades de Costa Rica decomisaron 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En mayo de 2025 el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales.

Hasta el momento han sido entregados a Estados Unidos líderes narcotraficantes como Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa; Edwin López, alias Pecho de Rata, y el colombiano naturalizado costarricense Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre.

Este tipo de perfiles son los que el Gobierno de Fernández pretende enviar al Cacco, al igual que los vinculados a este tipo de organizaciones narcotraficantes en labores de venta y distribución de droga, logística y sicarios.

Paralelo a la nueva cárcel, el Gobierno de Fernández también ha implementado programas para que los presos realicen trabajos como limpieza de maleza en carreteras; ha reducido las visitas conyugales, restringido la cantidad de recipientes de comida y ropa que los familiares pueden llevarle a los presos, retirado enchufes y cables eléctricos en las celdas y cerrado establecimientos dentro de los centros penales donde los recluidos podían comprar artículos.

La presidenta Fernández, quien ha prometido mano dura contra el crimen, insistió este miércoles al Congreso para que avance en la aprobación de un paquete de leyes en materia de seguridad, entre las que sobresale una para permitir el trabajo remunerado de los presos en empresas, y que el dinero que generen se dirija a cubrir su manutención, a apoyar a sus familias, a la reparación de las víctimas y a un ahorro personal.