La organización exigió al Gobierno recibir formalmente las 528,843 firmas recolectadas contra el proyecto, publicar los estudios ambientales correspondientes y abrir un diálogo público
La organización exigió al Gobierno recibir formalmente las 528,843 firmas recolectadas contra el proyecto, publicar los estudios ambientales correspondientes y abrir un diálogo público

«Medio millón de firmas no son desinformación. Son El Salvador hablando». Con esa frase concluye el comunicado emitido por el movimiento ciudadano Todos Somos El Espino, que este fin de semana pidió al Gobierno recibir formalmente más de 528 mil firmas recolectadas contra la intervención realizada en la zona sur de El Espino y abrir un diálogo público sobre el futuro proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
La organización, que se opone a la tala de árboles realizada en el área donde se proyecta la construcción del nuevo recinto ferial, aseguró que la noche del pasado 27 de mayo las máquinas ingresaron a la zona y dejaron sin árboles el terreno destinado a la obra, pese al rechazo expresado por miles de ciudadanos durante los últimos meses.
En un comunicado de seis apartados, el movimiento sostuvo que la tala se ejecutó mientras el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) mantenía públicamente que el proyecto no se construiría dentro de El Espino.
«Lo que documentaron los testigos es irreversible: ningún árbol quedó en pie en toda el área destinada a la construcción», afirmó la organización.

Uno de los principales reclamos planteados por el movimiento es que las autoridades reciban oficialmente las más de 528,843 firmas recopiladas mediante una petición física y digital que, según afirman, constituye la mayor iniciativa ambiental de este tipo registrada en el país.
«Exigimos la recepción formal de las firmas y la apertura de un diálogo real sobre el futuro del proyecto», señala el documento.
Los activistas sostienen que desde abril solicitaron una audiencia en la Asamblea Legislativa amparados en el artículo 78 del Reglamento Interior del órgano legislativo, pero aseguran que no fueron recibidos.
Asimismo, afirman que el presidente Nayib Bukele no ha respondido a las peticiones formuladas por el movimiento.
Entre las interrogantes planteadas al Ejecutivo figura el cumplimiento de la promesa de mantener un 70 % de área verde dentro del proyecto, una condición anunciada por representantes de la República Popular China.
«¿Quién lo verificará?, ¿bajo qué mecanismo?, ¿con qué participación ciudadana?», cuestiona el movimiento, que sostiene que esas preguntas continúan sin respuesta.
La organización dedicó una parte importante de su pronunciamiento a describir el impacto ambiental de la intervención realizada en el sector.
Según el documento, la zona constituía hábitat para 83 especies de aves residentes y migratorias, de las cuales cinco se encuentran bajo alguna categoría de amenaza.
Entre ellas menciona a la lora nuca amarilla, especie catalogada en peligro de extinción en El Salvador.
El movimiento también asegura que vecinos documentaron la huida de mapaches, armadillos y cotuzas durante las labores de tala.
«La tala no destruye únicamente árboles. Desplaza vida que no tiene a dónde ir», expresó la organización.
Además, citaron una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, según la cual el 68.8 % de la población rechaza la construcción del CIFCO en esa zona.

En otro apartado, denominado «Lo que los documentos oficiales demuestran», el movimiento defendió su postura de que el proyecto sí se encuentra dentro de terrenos pertenecientes a la Finca El Espino.
Como respaldo citó el Decreto Legislativo 361, aprobado en julio de 2025, mediante el cual se transfirieron más de 55 mil metros cuadrados de la Finca El Espino al CIFCO.
También recordó que, según una clasificación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de 2019, el área corresponde a una zona de recarga hídrica potencial alta a muy alta.
El comunicado además señala que en agosto de 2025 el MARN habría confirmado que no existía ningún permiso ambiental tramitado para la construcción.
A ello suma respuestas obtenidas de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), institución que, según el movimiento, indicó no contar con evaluaciones técnicas, inspecciones registradas ni conocimiento formal del proyecto.
Los ambientalistas sostienen que la ciudadanía conoció detalles del desarrollo a través de información difundida por la Embajada de la República Popular China en El Salvador.
El movimiento también pidió la suspensión de cualquier intervención adicional en la zona y la publicación inmediata del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.
«Si existe, exigimos su publicación inmediata. Si no existe, exigimos su elaboración urgente, pública e independiente antes de que avance un metro más de obra», manifestó.
Asimismo, demandó acceso ciudadano sin restricciones al área intervenida, argumentando que las actuaciones realizadas sobre bienes públicos deben desarrollarse con transparencia.
Aunque reconocieron la promesa gubernamental de sembrar 20,000 árboles para compensar la tala realizada, los integrantes del movimiento consideran que la medida es insuficiente.
Según argumentan, los árboles recién plantados no reemplazan las funciones ambientales de un bosque maduro, especialmente en un contexto marcado por altas temperaturas y periodos de canícula.
«Un árbol recién plantado no da sombra, no filtra agua, no alberga fauna. Un ecosistema maduro tarda décadas en formarse», señala el comunicado.
También advirtieron que la pérdida de cobertura forestal en zonas urbanas puede traducirse en mayores temperaturas, menor disponibilidad de agua y más riesgos de inundaciones.

Pese a sus críticas, la organización aseguró que no se opone a la construcción de un nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones.
«No nos oponemos al CIFCO. Pedimos que se construya donde no se destruya lo que no tiene reemplazo. El CIFCO puede construirse. El bosque no puede recuperarse», expresa el documento.
Finalmente, el movimiento convocó a actividades de reforestación y movilización para el próximo 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, y reiteró que continuará impulsando acciones ciudadanas para exigir explicaciones sobre la intervención realizada en El Espino.
«La tala ya ocurrió. Ahora exigimos respuestas», concluye el pronunciamiento.


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