La semana pasada, el ministro de Trabajo confirmó que se está analizando la posibilidad de que la semana laboral se reduzca a cuatro días, pero sin modificar la cantidad de horas semanales.
La semana pasada, el ministro de Trabajo confirmó que se está analizando la posibilidad de que la semana laboral se reduzca a cuatro días, pero sin modificar la cantidad de horas semanales.

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) propuso reducir progresivamente la jornada laboral en El Salvador hasta llegar a 30 horas semanales, sin disminuir los salarios ni las prestaciones, en momentos en los que el Consejo Superior del Trabajo (CST) analiza una posible reducción de la semana laboral con la consecuente redistribución de las horas de trabajo diarias.
La discusión en el CST surgió a partir de una propuesta que mencionó la semana pasada el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y la cual busca para implementar un esquema de cuatro días laborales y tres de descanso, conocido como 4/3. La idea contempla concentrar en cuatro jornadas las horas que actualmente se trabajan durante la semana, por lo que los días laborales serían más extensos.
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Sin embargo, Castro ha dejado claro que todavía no existe un acuerdo y que la propuesta debe ser estudiada por una comisión técnica antes de definir si existe consenso para modificar la jornada laboral, debido a que necesita ser aprobada por unanimidad.
Aun así, la UNT considera que reducir los días de trabajo no necesariamente significa reducir el tiempo que una persona dedica a su empleo y, por ello, presentó al CST una propuesta enfocada en disminuir las horas efectivamente trabajadas. Su propuesta establece una ruta de tres etapas que comenzaría con una reducción de la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, para luego avanzar a 36 y llegar finalmente a las 30 horas ya mencionadas.
En este sentido, la primera fase mantendría además el límite de ocho horas diarias, mientras que para la segunda se plantea una reducción progresiva mediante acuerdos por sectores y una mayor contratación formal. En la tercera etapa, la organización propone que las horas se distribuyan preferentemente en cinco jornadas de seis horas, sin que la reducción implique cambios en el salario mensual.

El salario íntegro es uno de los puntos centrales de la propuesta, que también busca conservar las prestaciones laborales, las cotizaciones previsionales y la cobertura del ISSS. La UNT plantea que una reducción de la jornada tampoco debería afectar derechos como las vacaciones, el aguinaldo, las indemnizaciones o las licencias.
El debate sobre la duración de las jornadas ya había generado rechazo entre organizaciones de trabajadores, por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores Despedidos también señaló recientemente que laborar 11 horas de lunes a jueves no supone una reducción de las horas semanales, sino solo una distribución de las mismas 44 horas en cuatro días, generando incluso una mayor carga laboral por día.
Para hacer posible una reducción efectiva, la UNT propone que las empresas que necesitan mantener operaciones continuas recurran a nuevos turnos y a la contratación de personal adicional. El documento plantea, por ejemplo, tres turnos de ocho horas o cuatro turnos de seis horas cuando las condiciones permitan avanzar hacia una jornada menor, además de cobertura suficiente para vacaciones, incapacidades y descansos.
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El documento entregado al CST plantea, además, que antes de definir una reforma se realicen estudios sobre sus efectos en el empleo, los salarios, la salud ocupacional, el transporte, los cuidados familiares y la productividad. La UNT pide que estos análisis sean públicos y que se evalúen las distintas alternativas antes de que una eventual iniciativa sea enviada a la Asamblea Legislativa.
La propuesta llega mientras la comisión técnica del CST comienza a establecer la ruta para estudiar las distintas opciones y, tal como lo señaló el ministro Castro la semana pasada, el grupo incluirá representantes de sectores empresariales, academia, organismos internacionales e instituciones públicas vinculadas con el empleo y la economía, y deberá analizar las alternativas antes de que el Consejo determine si existe un acuerdo entre Gobierno, trabajadores y empleadores.
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