Una histórica ley bipartidista destinada a facilitar el acceso a la vivienda en Estados Unidos entrará oficialmente en vigor el sábado, a pesar de la negativa del presidente Donald Trump a promulgarla.

La Ley Camino a la Vivienda del Siglo XXI (21st Century ROAD to Housing Act) fue aprobada el 23 de junio en el Congreso por márgenes abrumadores, otorgando a los republicanos mayoritarios y a los demócratas de la oposición una importante victoria legislativa de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

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Según la Constitución estadounidense, un texto adoptado por ambas cámaras se convierte en ley tras 10 días aunque el presidente no lo firme ni lo vete, siempre que el Congreso esté en sesión.

Trump se niega a rubricarla porque su iniciativa SAVE AMERICA Act, que impondría restricciones a las modalidades de voto, no avanza en el Senado.

«No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda, que ha sido plenamente aprobado por el Congreso y enviado a la Casa Blanca, en PROTESTA por el hecho de que el Senado de Estados Unidos no es capaz de aprobar LA LEY SALVAR A ESTADOS UNIDOS, que tiene un apoyo del 97% en el Partido Republicano y muy alto» entre los demócratas, anunció el presidente en su plataforma Truth Social.

La legislación exigiría prueba de ciudadanía para registrarse para votar e identificación con fotografía en los centros de votación, además de imponer nuevos límites al voto por correo.

Los demócratas lo califican de ataque contra los derechos de voto, señalando que ya es ilegal que los extranjeros voten y que casi nunca ocurre, mientras que los líderes republicanos que la apoyan advierten sobre en estados como California hay excesivo laxismo a la hora de recibir las boletas en el domicilio para votar.

Trump aún podría emitir un veto de último minuto a la ley de vivienda, aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha indicado que no espera que el mandatario bloquee la medida.

El paquete de vivienda contiene cerca de 60 disposiciones destinadas a aumentar la oferta, reducir las trabas regulatorias y mejorar el acceso a las hipotecas y a la propiedad de vivienda.

La ley ofrece incentivos federales a las comunidades que construyan más viviendas, facilita el desarrollo de casas prefabricadas y modulares y ayuda a convertir propiedades infrautilizadas en residencias.

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La legislación también impone las primeras restricciones federales a las compras de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores corporativos.

Es probable que su impacto tarde en hacerse sentir, ya que muchas normas de zonificación y construcción están bajo el control de los gobiernos estatales y locales. Pero llega en un momento en que los costos de la vivienda siguen siendo una importante fuente de presión financiera.

El precio medio de una vivienda usada en Estados Unidos alcanzó un récord de 440.600 dólares en junio, mientras que la tasa media de las hipotecas a 30 años se situó en el 6.49%.