La reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones es algo que el gobierno realizará en 2027 a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo por $1,400 millones y que podría contener, entre otras cosas, un posible aumento a la edad de jubilación.

Puntualmente, el reciente informe sobre la segunda y tercera revisión de dicho acuerdo, y que el organismo realizó de forma combinada por solicitud del gobierno salvadoreño, arroja que, en efecto, el Ejecutivo presentará una propuesta de reforma previsional de carácter paramétrico en junio del próximo año, que podría aprobarse antes de que finalice septiembre de 2027.

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Esta reforma paramétrica se enfocaría en esos aspectos que forman parte de la actual ley y que tienen que ver con las condiciones bajo las cuales los cotizantes actuales forman parte del sistema. Según economistas, las modificaciones podrían implicar cambios a la edad de jubilación, cantidad de años trabajados e, incluso, un aumento al porcentaje que los empleados y empleadores aportan al sistema dentro de las cotizaciones.

A propósito de esto, el experto y fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, señaló durante la entrevista matutina de la Telecoporación Salvadoreña que aún no se saben los detalles que contendrá la nueva ley, pero apuntó que el aumento podría ser «de cinco años o más».

De hecho, explicó que hay un «argumento técnico que pueden presentar, y que es válido» para considerar un posible aumento de hasta 7 años en la edad actual de jubilación, algo que estaría sustentado en las proyecciones demográficas del país, es decir, la velocidad a la que la población salvadoreña envejece y cómo este punto podría amenazar la sostenibilidad del sistema.

Pineda señaló que «la población adulta mayor subió dos puntos por porcentuales con respecto a 2007», lo que significa que, con el paso de los años, la cantidad de personas en edad de jubilación será más grande en comparación con la población en edad de trabajar.

Bajo este argumento, si se mantienen las edades de retiro actuales, fijadas en 60 años para los hombres y en 55 para las mujeres, eventualmente el sistema se volvería insostenible debido a que los aportes de la población joven no serían suficientes para pagar las pensiones de los ya jubilados.

Por eso, el fundador de la Mesa subraya que la necesidad que tiene el sistema de ampliar esa edad radica en que, por cada año que se aumente, el sistema percibiría hasta $500 millones extras en los fondos de pensiones, debido a que se retrasaría el pago de pensiones de buena parte de la población.

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En total, Pineda calcula que, si la edad de retiro se aumenta en 5 años, es decir, que para los hombres quede en 65 años y para las mujeres en 60, el sistema podría percibir hasta $2,500 millones más de los que ya percibe, sin embargo, hace hincapié en que ese «nuevo pisto» tampoco sería suficiente para cubrir el otro gran reto del sistema: la deuda previsional que ya se acerca a los $12,000 millones.

Aun así, las reformas, según el FMI, van encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema, aunque el paquete de reformas esperado para el otro año podría afectar directamente a unos 600,000 trabajadores, de acuerdo con las proyecciones de Pineda.