El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron la semana pasada un acuerdo a nivel técnico para combinar la segunda y tercera revisiones del programa de financiamiento por $1,400 millones, después de 15 meses de retrasos en esas evaluaciones. De ser aprobado por el directorio del organismo, el país podría acceder a un nuevo desembolso equivalente a unos $140 millones, una cantidad menor a los $271 millones que estaban previstos originalmente para esas dos revisiones, según un análisis publicado por la firma inglesa EMFI el pasado 7 de septiembre.

Para EMFI, la forma en la que se alcanzó el acuerdo muestra que el gobierno consiguió modificar algunas de las condiciones que habían mantenido el programa estancado, particularmente en relación con el Bitcoin y las pensiones. “Clarificar y documentar uno (Bitcoin) y comprometerse a abordar el otro (pensiones) parecen haber sido suficientes para que el FMI cediera terreno”, señala la firma.

Puede interesarle: Salvadoreños con TPS aportan hasta $5,400 millones anuales a la economía de EEUU

En este sentido, cabe señalar que el calendario original del programa contemplaba desembolsos después de completar cada revisión. Tras la primera, realizada en junio de 2025, el país recibió hasta 86.16 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mientras que para la segunda revisión en septiembre de 2025, también otros 86.16 millones; para la tercera, en marzo de 2026, se tenía previsto que el país recibiera unos 114.88 millones de DEG, sin embargo, estos dos últimos desembolsos no habían llegado sino hasta el anuncio hecho el pasado jueves por el organismo.

Con respecto a lo anterior, según la cotización más actual, un DEG equivale a 1.37 de dólar estadounidense, por lo que la suma de $140 millones que recibiría el país por combinar ambas revisiones se queda, en efecto, por debajo de los 201.04 millones de DEG, o cerca de $275 millones, que hubiera recibido de haber cumplido los compromisos según el calendario del programa.

A esto se suma el hecho de que, si el calendario se hubiera seguido al pie de la letra, el gobierno incluso hubiera accedido a otros $157 millones, debido a que el pasado 5 de septiembre se cumplió la fecha en la que debió haberse completado la cuarta revisión del programa, la cual ya se encuentra con retrasos.

Sin embargo, como ese calendario no se cumplió porque la segunda y tercera revisiones quedaron pendientes durante más de un año, el nuevo acuerdo contempla un desembolso que no equivale a recuperar todos los desembolsos que estaban considerados en el calendario original, sino que corresponde a un nuevo esquema acordado para destrabar el programa.

Para lograr esto, EMFI señala que el gobierno presentó documentación para demostrar que la acumulación de Bitcoin realizada desde junio del año provino de donaciones privadas y no de recursos públicos, mientras que la participación pública en Chivo Wallet se redujo y la mayoría de la propiedad y el control operativo pasaron a un operador privado. Estos eran algunos de los compromisos que el país adquirió al suscribir el acuerdo con el organismo a principios del año pasado, pero que no logró cumplir antes de la primera revisión en junio del año pasado.

El otro compromiso pendiente se refiere a la propuesta de reforma de pensiones que el gobierno debió presentar en febrero de 2026, algo que tampoco se cumplió según el calendario original. Aun así, el nuevo acuerdo técnico confirma que en 2027 deberá aprobarse una reforma paramétrica en línea con las recomendaciones del FMI.

Además: ¿Qué es una reforma paramétrica de las pensiones y qué implicaría para los trabajadores?

En este punto, dicha reforma paramétrica todavía no se conoce, sin embargo, entre los puntos que podrían modificarse están la edad de jubilación, los años de cotización, el porcentaje de las pensiones y las tasas de aportación de trabajadores y empleadores, según economistas consultados anteriormente por El Diario de Hoy.

El FMI ha planteado que la necesidad de reformar el sistema previsional obedece a garantizar la sostenibilidad del propio sistema, el cual se encuentra en crisis debido al alto endeudamiento y a la dependencia que tiene el gobierno de dichos fondos ahorrados por los trabajadores. Según el dato más reciente, la deuda del gobierno con las pensiones sobrepasa los $11,714 millones, una cifra que aument a un ritmo bastante elevado todos los meses.