El FMI confirmó recientemente que el gobierno reformará el sistema de pensiones en 2027, algo que forma parte de los compromisos adquiridos por el país en el marco del acuerdo por $1,400 millones que mantiene con el organismo, y que busca, en esencia, restablecer la sostenibilidad financiera del sistema y, a su vez, mejorar la situación fiscal del país.

A propósito de esto, el experto en temas previsionales y fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, Patricio Pineda, afirma que, en pocas palabras, sí es necesario, pero aclara que la reforma no debería limitarse solo a los aspectos paramétricos que sugiere el fondo, como el aumento en la edad de jubilación, incremento de los años trabajados o el porcentaje de aporte de los trabajadores y empleadores, sino en otros que alcanzan una dimensión más global, todo para darle un «rostro humano» a la reforma y que, sobre todo, se enfoque en mejorar las condiciones para los cotizantes.

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La discusión llega en un momento complicado para el sistema, pues la deuda que el Gobierno mantiene con los ahorros de los trabajadores alcanzó los $11,714.38 millones en julio, luego de aumentar hasta en $44.5 millones solamente en ese mes. El problema es que este endeudamiento continuará generando presión sobre las finanzas públicas, especialmente porque en abril de 2027 terminará el período de gracia que permitió al Estado no pagar capital ni intereses de esta deuda durante cuatro años.

Por eso, la reforma es necesaria, pero la pregunta que plantea la Mesa es qué tipo de reforma necesita el país. Hasta ahora, la discusión alrededor del acuerdo con el FMI se ha enfocado en posibles cambios como elevar la edad de jubilación o aumentar los aportes de trabajadores y empleadores, medidas que podrían generar un fuerte costo político y que algunos economistas han calificado como una «medicina bien amarga».

Pineda considera que una reforma de ese tipo sería insuficiente porque las modificaciones realizadas al sistema desde su creación en 1998 no han resuelto sus problemas de fondo, y apunta que «en las reformas a los sistemas de pensiones, cuando son realmente estructurales e integrales, se ven 17 parámetros actuariales que deben de modificarse», explica, pero advierte que hasta ahora las reformas en el sistema salvadoreño se han concentrado en apenas «uno a tres parámetros, como máximo», por lo que aumentar algunos de esos parámetros puede darle más recursos al sistema, pero no necesariamente solucionará sus problemas.

Ante esto, la Mesa propone cambiar la lógica de la reforma y combinar el ahorro individual de los trabajadores con un pilar solidario, de manera que la pensión no dependa únicamente de lo que cada persona logró acumular durante su vida laboral. Según el documento presentado por la organización, esta combinación permitiría que el monto de la pensión llegue hasta el 85% del último salario, frente al 33% que, según sus cálculos, representa actualmente el máximo al que puede aspirar un trabajador, lo que se conoce como «tasa de reemplazo».

Pero la propuesta no se queda únicamente en aumentar el monto de las pensiones, pues también plantea que todos los trabajadores sean tratados bajo una misma fórmula de cálculo, eliminando la diferencia que actualmente existe entre los trabajadores que optaron quedarse en el anterior sistema y los que fueron obligados a cotizar en las AFP tras su creación en 1998. La Mesa sostiene que esto permitiría corregir una de las desigualdades que arrastra el sistema desde hace años.

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«Una reforma estructural al modelo administrativo previsional no debe ser únicamente un ejercicio contable o paramétrico; es, ante todo, un pacto social generacional», plantea la Mesa en su documento, una idea que resume el punto central de la discusión: El Salvador sí necesita reformar su sistema de pensiones, pero debería tener un alcance más general enfocado en los trabajadores, según Pineda.

Aun así, el contenido de la propuesta que se presentará en 2027 no se conoce, sin embargo, economistas y expertos coinciden en que estará enfocada en mejorar la situación de las finanzas públicas del país, por lo que no se espera una mejora en aspectos como la pensión mínima, algo que sí ocurrió en la reforma que está vigente desde 2023.