El Fondo Monetario Internacional (FMI), tras varios meses de no brindar actualizaciones sobre el acuerdo que mantiene con El Salvador desde 2025, confirmó en un comunicado que el gobierno salvadoreño reformará la Ley Integral del Sistema de Pensiones en próximo año, algo que viene sujeto a los compromisos que el país adquirió a la hora de suscribir tal acuerdo.

El tema de las pensiones ha estado en la palestra a lo largo del año, sobre todo, porque el organismo había pedido al país presentar una propuesta, a más tardar, el 10 de febrero de este año, sin embargo, a la fecha no se ha conocido ningún proyecto de ley al respecto, más allá de la propia confirmación que hizo ayer el multilateral acerca de la modificación a la ley.

Según el economista Rafael Lemus, el sistema previsional podría reformarse hasta después de las elecciones generales que están programadas para el 28 de febrero del próximo año, es decir, que se atrasará un año con respecto a la programación original del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) POR $1,400 millones.

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Esta hipótesis no es aislada, pues algunos análisis publicados por firmas como Fitch Ratings y la inglesa EMFI, la razón de retrasar la reforma hasta después de las votaciones sería el evitar un coste político debido a las modificaciones que podría contener.

A propósito de esto, el FMI señaló en el comunicado divulgado ayer que «continuará el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones, así como mediante la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI».

¿Qué podría implicar esta reforma de pensiones?

Parte de la esencia del acuerdo entre el FMI y El Salvado es la consolidación fiscal y el ordenamiento de las cuentas estatales. Dentro de esas cuentas, algo que tiene especial relevancia es la deuda previsional, es decir, el dinero que el gobierno ha tomado prestado para financiar el pago de las pensiones de los trabajadores que se jubilaron previo a la creación de las AFP.

Debido a esto, el sistema se ha vuelto cada vez más insostenible, con una baja densidad de cotizaciones y una población que cada vez envejece más, motivo que estaría empujando a, precisamente, modificar esos aspectos paramétricos dentro del sistema actual.

Pero ¿qué significa una reforma paramétrica según lo solicitado por el FMI? Lemus señala que los parámetros que podrían modificarse con la nueva ley son la edad de retiro (jubilación), tiempo de cotizaciones (años trabajados), porcentajes de beneficios (rentabilidad), tasas de cotizaciones (aporte patronal y del trabajador), etc., es decir, todos los factores que entran en juego a la hora de generar el ahorro para la vejez.

Algunos economistas consultados meses atrás por El Diario de Hoy coinciden en que estos ajustes podrían llevar la edad de jubilación para la población masculina hasta los 65 años, mientras que para las mujeres podría subir hasta los 60, es decir, un aumento de hasta 5 años laborales más.

Esto, sumado a un virtual aumento en las cotizaciones, estaría enfocado en «reestablecer la sostenibilidad fiscal del gobierno» y no tanto en mejorar las condiciones actuales de los cotizantes, según comentó en febrero el economista de la UCA, Mario Montesino, días antes del vencimiento de la fecha establecida por el FMI para recibir la propuesta.

Debido a estos posibles cambios es que los análisis de las firmas internacionales coinciden en que podría tener un impacto político en la población, el cual podría trasladarse a los resultados de los comicios en caso de que se aprobase antes de las elecciones de 2027.

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Por ello, Lemus considera que «Después de las Elecciones de 2027, se viene la medicina amarga», un término utilizado también por el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, quien recientemente explicó que un costo político negativo podría ser contraproducente para los objetivos que el FMI y el gobierno buscan para las finanzas del país, de ahí que se haya querido evitar una reforma durante este año.

Esta discusión ocurre en momentos en los que la deuda del gobierno con estos ahorros de los trabajadores supera los $11,714 millones, al mismo tiempo que se aproxima el vencimiento de un período de gracia (iniciado en abril de 2023) que le permitió al gobierno no pagar intereses ni capital por dicha deuda. Según la firma Standard & Poor’s, las obligaciones por este vencimiento ascenderían a unos $2,400 millones entre intereses acumulados y los propios de 2027, algo que añade más presiones sobre las finanzas que el gobierno busca sanear a través del acuerdo con el Fondo.