El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este jueves 3 de septiembre una actualización sobre el estado del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que suscribió el año pasado con El Salvador, luego de varios meses de retraso en los avances del programa.

Puntualmente, el multilateral explicó en un comunicado que acordó con el gobierno salvadoreño combinar la segunda y tercera revisión del SAF, las cuales debieron haberse completado en septiembre de 2025 y en marzo de 2026, respectivamente.

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«El personal técnico del FMI y las autoridades de El Salvador han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de las medidas previas acordadas», señala la entidad.

Según el FMI, con este acuerdo que se ha realizado para destrabar las dos revisiones que estaban pendientes, el gobierno podría acceder a un nuevo desembolso equivalente a unos $140 millones.

Cabe señalar que informes recientes arrojan que el país ya acumulaba más de un año sin recibir este tipo de financiamientos, todo a causa de una serie de incumplimientos de distintos hitos dentro del acuerdo, como lo es la falta de una reforma al sistema de pensiones y la participación del gobierno en las operaciones con Bitcoin.

Sin embargo, con respecto al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el FMI confirma que el próximo año se aprobará una «reforma paramétrica en línea con las recomendaciones del FMI», lo que implica que podría incluir cambios en aspectos como la edad de jubilación o el porcentaje de aporte de los trabajadores y empleadores.

Pese a esta confirmación, el Fondo no especifica si ya recibió una propuesta de reforma de parte del gobierno, la cual, según el calendario oficia,l debió haberse presentado en febrero pasado. El gobierno tampoco ha anunciado de forma oficial una propuesta de reforma a esta ley.

Aun así, el organismo señala que «continuará el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones». Según la firma S&P Global, el gobierno salvadoreño deberá pagar un total de hasta $2,400 millones a partir de abril del próximo año, todo en concepto de los intereses acumulados desde 2023, incluidos los de 2027.

Con respecto a las operaciones con Bitcoin, el FMI también confirma que el gobierno ha vendido la mayor parte de la billetera estatal Chivo, una medida que forma parte de los compromisos asociados al SAF, aunque se limita a explicar que se trasladó a un operador privado.

«La propiedad mayoritaria y el control operativo han sido transferidos a un operador privado, mientras que el gobierno ha mantenido una participación minoritaria y la responsabilidad de custodia sobre los activos de los clientes», apunta.

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Mientras tanto, el comunicado también añade que las compras de Bitcoin que todavía realiza el país han sido a partir de donaciones privadas y sin la utilización de fondos públicos. Estas compras, de hecho, habían sido señaladas por los análisis especializados como parte de los motivos que mantenían los retrasos en las revisiones.

El acuerdo entre El Salvador y el FMI incluye el acceso a un financiamiento por hasta $1,400 millones desembolsables en 40 meses, sin embargo, los retrasos mantuvieron congelados esos desembolsos por más de un año. Asimismo, el anuncio ocurre dos días antes de que se cumpla la fecha para la cuarta revisión, la cual debería hacerse pública el próximo 5 de septiembre.