Los retrasos en el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han frenado el acceso del gobierno salvadoreño a nuevos desembolsos de ese organismo, según la calificadora Standard & Poor’s (S&P), la cual señala que el Ejecutivo espera avanzar en varias de estas medidas durante la segunda mitad de 2026 para poder retomar el acceso al financiamiento.

El acuerdo con el FMI, aprobado a principios del año pasado, contempla un financiamiento de hasta $1,400 millones para El Salvador durante 40 meses, pero el calendario establecido dentro del programa ya acumula varios retrasos. Según S&P, el gobierno debía avanzar en varias medidas antes de llegar a las siguientes revisiones del acuerdo, pero algunas de ellas todavía están pendientes.

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Por ejemplo, la primera revisión de este acuerdo se completó con normalidad en junio del año pasado, sin embargo, la segunda revisión estaba prevista para septiembre de 2025 y la tercera para marzo de 2026 y ninguna de las dos ha sido completada o divulgada por ninguna de las partes. Estas evaluaciones son importantes porque permiten comprobar los avances del gobierno en los compromisos establecidos, a la vez que abrirían el camino para que el país pueda acceder a nuevos recursos provenientes del Fondo.

Uno de los principales compromisos pendientes es la reforma al sistema de pensiones, ya que el gobierno debía presentar una propuesta a más tardar el 10 de febrero de 2026, pero esa fecha pasó sin que se hiciera público un proyecto. La reforma forma parte del acuerdo porque busca minimizar los problemas relacionados con la deuda previsional y, de esa manera, evitar que el sistema se vuelva cada vez más insostenible, todo esto en un momento en que el gobierno observa en el horizonte cómo se aproxima la obligación de pagar nuevamente parte de esa deuda, debido al vencimiento del período de gracia en 2027.

Por otro lado, el Bitcoin es otro de los temas que ha generado retrasos, debido a que el gobierno se comprometió a reducir su participación en actividades relacionadas con la criptomoneda y a limitar el uso de recursos públicos para este proyecto, además de desligarse por completo de las operaciones de la billetera Chivo, creada en 2021 para promover el uso de Bitcoin.

Sin embargo, a la fecha, el país sigue engrosando sus reservas de Bitcoin a través de la estrategia de compras diarias, algo que el acuerdo prohíbe. Asimismo, no se han conocido avances sobre la venta de la billetera Chivo que el gobierno debió completar a mediados del año pasado. Estos aspectos, sumados a la falta de una propuesta de reforma previsional han sido los principales frenos que limitarían el avance del acuerdo con el FMI, tal como ya lo han sugerido análisis anteriores presentados por otras firmas, entre ellas Fitch Ratings.

La firma EMFI, por su parte, también señaló en un análisis publicado en junio que el programa «sigue estancado, sin avances significativos en ninguno de los dos frentes» y destacó que las siguientes revisiones del acuerdo ya debieron haberse realizado.

Sin embargo, el retraso no significa que el acuerdo haya terminado ya que un alto funcionario del FMI confirmó recientemente que las conversaciones para completar las siguientes revisiones continúan.

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Aun así, S&P señala que, pese a los retrasos, el gobierno espera cumplir varios de los compromisos pendientes durante la segunda mitad de 2026 y recuperar así el acceso a los recursos del FMI. Esto significa que el acuerdo todavía representa una fuente viable de financiamiento para el país, pero que la llegada de nuevos recursos dependerá de que se avance en las medidas que todavía están pendientes.

De todas formas, los atrasos siguen acumulándose a tal punto que, por ejemplo, el próximo 5 de septiembre el país debería completar la cuarta revisión, sin embargo, aún están pendientes la segunda y la tercera, por lo que se sumará un nuevo retraso en el cronograma de actividades clave dentro del acuerdo.