Hay discusiones que comienzan por asuntos verdaderamente trascendentales: política, religión, fútbol. Y después están esas discusiones muy nuestras que nacen cuando alguien recibe la cuenta de un restaurante, la mira dos veces, se acomoda los lentes y pregunta con expresión de auditor de la Corte de Cuentas: “¿Y esto por qué vale tanto?”. Algo parecido parece haber ocurrido recientemente en El Majahual, donde una persona que se identifica como «hermano lejano» sostiene, mientras graba el incidente, que en el establecimiento pretendían cobrarle prácticamente el doble de lo que había consumido.

Esa afirmación merece ser tomada en cuenta, pero también debe manejarse con responsabilidad: una cosa es lo que sostiene quien graba, y otra, que nosotros, mirando unos minutos de video, podamos darlo por demostrado. No estuvimos sentados en aquella mesa, no conocemos todo lo que ordenaron, los precios previamente informados ni la manera exacta en que se confeccionó la cuenta. Antes de convertir Facebook en Juzgado de Paz y TikTok en Cámara de Segunda Instancia, lo sensato sería conocer ambas versiones. Por supuesto, si un restaurante pretende cobrar productos que el cliente no consumió, el reclamo es legítimo.

Si usted pidió dos pescados, cuatro bebidas y un cóctel de camarones, no pueden aparecer misteriosamente en la cuenta seis langostas, doce cervezas, tres ceviches y una contribución extraordinaria para remodelar el muelle de La Libertad. Uno puede ser turista, pero tampoco patrocinador oficial del restaurante.

El consumidor tiene derecho a conocer previamente los precios y a recibir una cuenta que corresponda exactamente con aquello que solicitó. Y aquí debemos decir algo con la misma claridad con la que defendemos al buen emprendedor salvadoreño: también existen —sin generalizar— ciertos malos comerciantes que, cuando advierten que delante de ellos hay un extranjero o un hermano lejano, pareciera que inmediatamente activan una especie de “tarifa internacional”. De repente el pescado que tenía un precio adquiere ciudadanía estadounidense, el cóctel obtiene visa y hasta las tortillas comienzan a cotizar en Wall Street. Eso tampoco es correcto. El precio debe ser transparente y no depender del acento, del pasaporte, de la ropa ni de dónde vive el cliente. Un restaurante serio cobra por su producto, no por la apariencia económica de quien se sienta a la mesa.

Si un pescado cuesta determinada cantidad para el salvadoreño que vive en Soyapango, Santa Ana o San Miguel, ese debe ser el mismo precio para quien viene de Los Ángeles, Washington, Houston o Virginia. Precisamente allí se construye uno de los activos más importantes de cualquier negocio: la confianza. El turista que siente que fue tratado justamente regresa, recomienda el lugar y probablemente lleva nuevos clientes; quien percibe que le aumentaron el precio solamente porque lo identificaron como visitante posiblemente no vuelva jamás. Por unos cuantos dólares adicionales se puede perder algo mucho más valioso: la reputación.

Dicho eso, tampoco sería justo colocar a todos nuestros emprendedores bajo sospecha. La inmensa mayoría trabaja durísimo. En nuestras playas abundan negocios familiares donde el propietario es gerente general, jefe de compras, supervisor de cocina, encargado de recursos humanos y, si faltó el mesero ese domingo, también anda llevando las tortillas. Preparar un cóctel de camarones no consiste en pronunciar unas palabras mágicas y esperar que aparezca sobre la mesa. Hay que comprar camarones, tomate, cebolla, cilantro, limón, salsas, hielo; pagar refrigeración, electricidad, agua, transporte, salarios y alquiler.

Y todavía falta ese ingrediente que jamás aparece escrito en el menú: el susto del propietario cuando llega el recibo de la energía eléctrica. Por eso, considerar automáticamente abusivo un precio simplemente porque nos parece elevado también puede ser profundamente injusto. Aquí aparece otra contradicción bastante simpática de ciertos —y repito, ciertos— «hermanos lejanos». En Estados Unidos reciben una cuenta de ochenta dólares, agregan quince o veinte de propina y dicen tranquilamente: “Thank you, have a nice day”. Pero aterrizan en El Salvador, llegan a la playa, miran el precio de un pescado y de pronto despierta dentro de ellos el economista que llevaban veinte años escondido: “¡¿QUINCE DÓLARES POR UN PESCADO?!”.

Hermano, tranquilo. Hace tres días pagó siete dólares por un café que incluso llevaba su nombre mal escrito en el vaso. Allá dejamos propina porque comprendemos el costo del servicio; aquí algunos quieren iniciar una auditoría porque al plato le faltaba una rodaja de tomate. A este paso habrá que entregar el pescado acompañado de acta notarial: un pescado frito recibido a satisfacción, dos tortillas, ensalada, seis rodajas de tomatedebidamente contabilizadas y un limón partido en cuatro, todo verificado ante dos testigos hábiles.

La justicia, sin embargo, debe caminar en ambas direcciones. Ni es correcto que el turista venga creyendo que todo en El Salvador debe costar dos dólares porque recuerda los precios de cuando emigró hace veinte años, ni es aceptable que un mal comerciante vea bajar de un vehículo a una familia llegada de Estados Unidos y piense: “Llegó diciembre en agosto”. Ambas conductas deterioran algo que como país debemos cuidar muchísimo. El Salvador está recibiendo visitantes, hermanos lejanos que regresan después de muchos años y extranjeros que descubren nuestras playas, nuestra gastronomía y nuestra gente.

Cada experiencia comercial también construye la imagen del país. No necesitamos regalar nuestros productos; necesitamos cobrarlos justamente. Y tampoco necesitamos clientes que pretendan precios irreales; necesitamos consumidores que comprendan cuánto cuesta producir y servir aquello que están disfrutando. El otro aspecto delicado del episodio es la facilidad con la que una diferencia comercial puede transformarse en espectáculo digital. Hoy basta sacar el celular, comenzar a grabar y, en cuestión de segundos, una discusión por una cuenta termina convertida en producción cinematográfica: “El Majahual: Rápidos y Furiosos, edición mariscos”.

El problema es que detrás de la cámara y delante de ella existen personas reales, reputaciones, familias y negocios. Nuestra legislación protege determinados ámbitos relacionados con la intimidad y la información personal. Particularmente, el artículo 26 de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos contempla consecuencias penales de tres a cinco años de prisión cuando concurren los elementos del delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal. Esto debe explicarse jurídicamente con responsabilidad: no toda grabación realizada en un espacio abierto constituye automáticamente delito. Habrá que analizar qué se obtuvo, qué se divulgó, su naturaleza personal o privada, cómo fue obtenida y las circunstancias particulares del caso.

El Derecho Penal no funciona con la fórmula simplista de “me grabó, cinco años preso”, pero tampoco existe un derecho absoluto a sacar el teléfono, exponer a cualquiera en las redes y asumir que jamás habrá consecuencias. Imagine que normalizáramos semejante conducta. Usted llega a la pupusería y dice: “Señora, pedí nueve pupusas y aquí aparecen cinco”. La señora revisa y responde: “Disculpe, fue un error”. Pero ya es demasiado tarde: ¡estamos transmitiendo en vivo! Cinco minutos después hay cuatro mil personas conectadas, alguien exige que intervenga la Fiscalía, otro pide que clausuren la pupusería y nunca falta quien escriba: “Yo siempre sospeché de esa señora”.

Todo por una pupusa que probablemente se marcó equivocadamente. Hemos llegado a un punto en el que cualquier desacuerdo amenaza con convertirse en juicio popular, y las redes sociales tienen una característica peligrosa: dictan sentencia antes de recibir la prueba. Quizá esa sea la verdadera enseñanza que podemos extraer del episodio de El Majahual sin condenar anticipadamente a nadie. Al buen emprendedor salvadoreño hay que apoyarlo; al mal emprendedor hay que corregirlo. Al buen hermano lejano hay que recibirlo con cariño; al que venga creyendo que puede menospreciar nuestro trabajo hay que recordarle respetuosamente cuánto ha cambiado el país.

Los restaurantes deben mantener precios claros, iguales y transparentes, sin tarifas improvisadas según la nacionalidad o apariencia del cliente. Los consumidores, por su parte, deben preguntar antes de ordenar, revisar la cuenta y reclamar con firmeza cuando exista una irregularidad, pero sin convertir automáticamente cada diferencia en una campaña de destrucción pública. Nuestros hermanos lejanos siempre serán bienvenidos. Esta también es su tierra. Vengan, disfruten nuestras playas, coman pescado, pupusas, ceviche y cócteles de camarones; reclamen cuando verdaderamente corresponda y reconozcan también el esfuerzo de miles de familias que viven honradamente de sus pequeños negocios.

Y nosotros, los salvadoreños que atendemos al turista, recordemos que tratar justamente a quien nos visita no solamente es cuestión de legalidad o comercio: es cuestión de país. Porque al final la mejor cuenta es aquella donde el restaurante cobra exactamente lo que corresponde, el cliente paga exactamente lo que consumió, todos quedan satisfechos y nadie necesita sacar el teléfono. De lo contrario, aquel cóctel de camarones puede terminar siendo el más famoso —y probablemente el más caro— de toda la costa salvadoreña.

Abogado.