La falta de lluvias y las altas temperaturas mantienen bajo presión a la agricultura salvadoreña, sobre todo en la que es de subsistencia.
La falta de lluvias y las altas temperaturas mantienen bajo presión a la agricultura salvadoreña, sobre todo en la que es de subsistencia.

La Mesa de Justicia Climática pidió al gobierno dar prioridad a las familias campesinas afectadas por la canícula y poner en marcha un plan que ayude a la agricultura familiar a enfrentar los efectos del cambio climático, al considerar que las altas temperaturas y la reducción de lluvias vuelven cada vez más difícil producir alimentos para miles de hogares que dependen del trabajo en el campo.
Para la entidad, que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil, la falta de lluvias que afecta al país este año es una muestra de los problemas que el cambio climático está generando en la agricultura, a la vez que sostiene que las familias campesinas son las más expuestas porque dependen de sus cosechas para vivir y porque, cuando cultivos como el maíz, el frijol, las hortalizas o las frutas se pierden, también disminuye la producción de alimentos.
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En ese sentido, advierte que «la canícula no solo seca la tierra; también profundiza las desigualdades, incrementa la pobreza, favorece la migración forzada y amenaza la permanencia de las comunidades en sus territorios», una situación que, asegura, pone en riesgo tanto los ingresos de las familias rurales como el abastecimiento de alimentos.
Este último punto ya había sido abordado en un informe de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET), la cual advirtió hace algunos meses que la mayoría de hogares salvadoreños del área rural logra cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, aunque muchos deben dejar de lado gastos en salud, educación o vivienda para poder hacerlo. Por ello, si las cosechas vuelven a reducirse por la falta de lluvias, una menor disponibilidad de algunos productos podría terminar presionando los precios y hacer todavía más difícil el acceso a los alimentos para miles de familias.

Las advertencias coinciden con lo que especialistas agrícolas han venido señalando en las últimas semanas, por ejemplo, los representantes de algunas gremiales agropecuarias, quienes consideran que el país debe dejar de depender únicamente del invierno para producir granos básicos, ya que el comportamiento del clima ha cambiado, lo que implica que fenómenos como El Niño hacen que los períodos secos sean más frecuentes justamente cuando los cultivos necesitan agua para desarrollarse.
En este sentido, un escenario con presencia de El Niño se traduce en una disminución en las lluvias durante varios meses, lo que se suma al aumento de las temperaturas; esta combinación reduce la humedad del suelo y dificulta el crecimiento de las plantas de maíz o de frijol, por lo que, para las familias agricultoras eso significa cosechas más pequeñas o incluso pérdidas totales, menos ingresos para sostener sus hogares y mayores dificultades para volver a sembrar, mientras que para los consumidores puede traducirse en alimentos más escasos y con precios más altos si la producción nacional disminuye.
Ante ese panorama, la Mesa de Justicia Climática propone un conjunto de medidas orientadas a preparar mejor al campo para enfrentar estos cambios, entre las cuales plantea crear un Plan Nacional de Adaptación Climática para la Agricultura Familiar, ampliar los programas de cosecha de agua, recuperar cuencas y suelos, reforestar con especies nativas y destinar más recursos a la agroecología y a la conservación de semillas criollas, iniciativas que considera necesarias para que las familias agricultoras puedan seguir produciendo incluso cuando las lluvias no lleguen como se espera.
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Las organizaciones también piden mejorar el acceso de las comunidades rurales a los pronósticos del tiempo y a los sistemas de alerta temprana, además de incluir a agricultores, mujeres rurales, jóvenes y pueblos indígenas en las decisiones relacionadas con las políticas climáticas. A juicio de las organizaciones, la protección de los productores de alimentos significa también fortalecer la seguridad alimentaria del país, especialmente en un momento en que muchas familias ya hacen sacrificios para poder llenar la mesa. «Proteger los derechos de quienes producen los alimentos es proteger la vida y el futuro de El Salvador», concluyen.
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