El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aseguró que la solución a los problemas de seguridad no debe implicar vulneraciones a los derechos de personas inocentes
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional aseguró que la solución a los problemas de seguridad no debe implicar vulneraciones a los derechos de personas inocentes

En el marco del podcast «Voces FGK, historias que transforman», un espacio de la Fundación Gloria de Kriete, el reconocido jurista, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional y defensor de derechos humanos, Dr. Florentín Meléndez, compartió una profunda y crítica reflexión sobre la realidad del sistema carcelario y la aplicación de la justicia en América Latina y El Salvador.
La entrevista se desarrolló como parte de la estrecha relación de cooperación que Meléndez ha mantenido por cerca de 20 años con el programa Oportunidades de la fundación, donde ha impartido charlas de educación cívica y constitucional a jóvenes de escasos recursos. Durante el encuentro, el jurista repasó además sus orígenes en Morazán, su exilio tras trabajar con Monseñor Romero, su doctorado en España y el orgullo por su familia, utilizando su trayectoria para motivar a las nuevas generaciones a valorar el estudio y evitar los excesos.
El núcleo más sensible de la conversación giró en torno a la vasta experiencia internacional de Meléndez. Tras su paso por el proceso de paz salvadoreño con ONUSAL y su rol como director de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país, fue elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En dicho organismo, asumió el cargo de relator de personas privadas de libertad en el continente, lo que lo llevó a realizar inspecciones en múltiples centros penales de la región.
Meléndez relató haber visitado cárceles de máxima seguridad en México y Colombia, así como recintos de mujeres, de delincuentes comunes, de pandilleros, de narcotraficantes, de menores infractores y de personas con padecimientos psiquiátricos. A partir de estas inspecciones, describió de manera categórica las condiciones de hacinamiento e insalubridad que observó: «Lo puedo resumir en el infierno en la tierra. Esas son las cárceles».
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Con base en lo constatado en sus visitas por el continente, el exmagistrado denunció una marcada desigualdad en el acceso a la justicia, señalando que las prisiones de América Latina están desproporcionadamente llenas de personas de escasos recursos, analfabetas o semianalfabetas, lo cual evidencia el impacto de la falta de educación.
«Por supuesto tienen que haber cárceles, yo no estoy en contra de eso para los que no pueden vivir en libertad, para los que son un peligro para la vida, para la integridad de las personas. Pero la cárcel no es para los pobres, no se puede criminalizar la pobreza», aseveró el jurista, lamentando que las personas de sectores vulnerables suelan ser «las primeras en la fila» para ser recluidas.
Meléndez enfatizó que bajo un verdadero estado de derecho y en democracia, los ciudadanos deben ser juzgados conforme a un debido proceso y de manera individualizada, evitando tratar a todos los jóvenes como si poseyeran una «maestría criminal».
Al ser consultado sobre el contexto de su propio país, el Dr. Meléndez ofreció una postura crítica sobre las medidas de seguridad vigentes. Si bien reconoció avances en la materia, cuestionó el costo humano de las estrategias estatales.
«Es lo que estamos viviendo en mi país, es mi opinión. Se ha resuelto el problema de la seguridad en buena medida, pero a costa del sufrimiento de miles de inocentes, jóvenes, campesinos, pobres. Eso no puede ser. Tiene que haber un debido proceso.»
El exmagistrado insistió en la necesidad de establecer controles estrictos para evitar los abusos de autoridad y garantizar que todas las personas, independientemente de si son «potentadas económicamente» o de escasos recursos, reciban un trato de igualdad ante la ley.
Asimismo, defendió el rol que desempeñó junto a sus colegas durante sus 9 años en la Sala de lo Constitucional, asegurando que, a pesar de las fuertes críticas y los señalamientos de tener una agenda política, todas sus sentencias y actuaciones fueron emitidas de buena fe con el único objetivo de defender la Constitución frente a los abusos del poder estatal.
Durante la entrevista, Meléndez relató que su formación comenzó en escuelas públicas del departamento de Morazán y recordó que la experiencia de estudiar junto a niños de escasos recursos marcó profundamente su visión de la realidad nacional.
Narró que posteriormente obtuvo una beca para realizar estudios de maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, experiencia que, aseguró, reforzó su convicción de que la educación es el principal instrumento de movilidad social.
«El bachillerato es solo un peldaño. Los jóvenes deben seguir avanzando con maestrías, doctorados y especializaciones para servir a su familia, honrar a sus padres y aportar al país», afirmó.
El abogado explicó que actualmente trabaja en un nuevo libro sobre Estado de derecho dirigido especialmente a jóvenes, con el propósito de acercar conceptos constitucionales a las nuevas generaciones.
Meléndez recordó que inició su carrera como abogado colaborando con Monseñor Óscar Arnulfo Romero en el antiguo Socorro Jurídico del Arzobispado, donde defendían a personas desaparecidas y detenidas durante los años previos al conflicto armado.
Tras el asesinato de Romero, relató que abandonó el país por razones de seguridad y posteriormente trabajó con refugiados salvadoreños antes de continuar su formación académica en Europa.
También repasó parte de su trayectoria internacional, que incluyó funciones en la Misión de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) durante la implementación de los Acuerdos de Paz, su elección como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su posterior nombramiento como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los temas centrales fue su participación durante cerca de dos décadas como colaborador del programa Oportunidades de la Fundación Gloria Kriete, donde ha impartido capacitaciones sobre Constitución, ciudadanía, democracia y derechos humanos.
Meléndez relató que una de sus mayores satisfacciones ha sido escuchar a estudiantes afirmar que decidieron estudiar Derecho después de asistir a sus conferencias.
Según explicó, el objetivo de esas jornadas no consiste únicamente en enseñar normas jurídicas, sino en despertar el interés de los jóvenes por comprender la realidad del país y participar activamente en la solución de sus problemas.
«Hay que despertar interés en los jóvenes para que conozcan la realidad salvadoreña, estudien, participen y colaboren. La solución de los problemas del país no solo le compete al Estado; también la sociedad es corresponsable», señaló.
Asimismo, destacó el impacto del programa de becas impulsado por la Fundación Gloria Kriete para estudiantes de escasos recursos provenientes del interior del país, al considerar que la educación representa una de las herramientas más eficaces para romper ciclos de pobreza.
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