Realizan extinción de bienes a estructura que hurtaba financieras en oriente
Un juzgado determinó que pasaran $9,587, un inmueble en San Miguel y tres vehículos al estado Los bienes fueron relacionados con una estructura que cometió hurtos agravados en 2020
El caso también evidencia cómo una investigación penal puede derivar en un proceso patrimonial independiente, dirigido no solamente contra las personas involucradas en los hechos, sino contra los bienes. Foto EDH/Cortesía Centros Judiciales.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador declaró la extinción del derecho de dominio a favor del Estado sobre varios bienes que, de acuerdo con las pruebas incorporadas al proceso, estuvieron vinculados con una estructura dedicada al hurto agravado de instituciones financieras en la zona oriental del país.
La resolución comprende $9,587 en efectivo, un inmueble ubicado en la urbanización El Molino, en San Miguel, y tres vehículos, según información de los Centros Judiciales.
Durante el proceso de extinción de dominio se determinó que el dinero y el inmueble constituían productos indirectos de las actividades ilícitas atribuidas a Guadalupe Adalberto Orellana Gómez.
Además, el juzgado estableció que los tres automotores tuvieron una vinculación distinta con las actividades delictivas. Dos de los vehículos fueron instrumentalizados para que el grupo delincuencial pudiera cometer los delitos de hurto agravado, mientras que el tercer automotor fue considerado un instrumento directo para la comisión de esos ilícitos.
Los vehículos estaban registrados a nombre de Santos Vladimir Turcios, Keiry R. C. y José U. S.
De acuerdo con la información judicial, los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron entre marzo y agosto de 2020, período durante el cual la estructura realizó hurtos en diferentes instituciones financieras de los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión.
Las investigaciones permitieron establecer la existencia de una estructura que habría operado en distintos puntos de la zona oriental y que utilizaba vehículos para desplazarse y ejecutar los hechos delictivos.
Uno de los procedimientos clave dentro de la investigación ocurrió el 4 de agosto de 2020, cuando las autoridades realizaron un registro con prevención de allanamiento en la vivienda de Guadalupe Orellana, localizada en la colonia El Molino, en San Miguel.
Durante ese operativo fueron incautados los $9,587 y uno de los vehículos que posteriormente quedaron comprendidos en el proceso de extinción de dominio.
La extinción de dominio es un procedimiento mediante el cual el Estado puede recuperar bienes cuando se acredita judicialmente que estos tienen origen, destinación o vinculación con actividades ilícitas, independientemente de las consecuencias penales que correspondan a las personas involucradas.
Orellana era señalado como líder de la estructura
La resolución también tomó en cuenta información contenida en el expediente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.
Según la certificación incorporada al proceso, Guadalupe Adalberto Orellana Gómez lideraba la estructura delictiva relacionada con los hurtos cometidos en instituciones financieras de la zona oriental.
En esa estructura también participaba Santos Vladimir Turcios, de acuerdo con los documentos judiciales.
La información de los Centros Judiciales señala que dos de los afectados por la decisión de extinción de dominio pertenecían a la estructura que realizaba los hurtos.
Bienes pasan al Estado
Con la resolución del Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador, los bienes sometidos al proceso pierden el derecho de dominio que tenían sus anteriores propietarios y pasan a favor del Estado.
Los bienes afectados por la decisión son: $9,587 en efectivo; un inmueble ubicado en la urbanización El Molino, San Miguel; tres vehículos vinculados, según el proceso, con la ejecución de los hurtos.
En el caso del dinero y el inmueble, el tribunal determinó que constituían productos indirectos de las actividades ilícitas atribuidas a Orellana Gómez.
Respecto a los automotores, el juzgado determinó que dos fueron utilizados o instrumentalizados para facilitar los hurtos agravados, mientras que el tercero fue considerado un instrumento directo para la comisión de los delitos.
Operaban en tres departamentos
El caso abarca hechos ocurridos en distintos puntos de la zona oriental de El Salvador. Las instituciones financieras afectadas estaban ubicadas en San Miguel, Usulután y La Unión.
Los hurtos se produjeron durante varios meses de 2020, entre marzo y agosto, lo que permitió a las autoridades documentar una serie de hechos que posteriormente fueron relacionados entre sí y con los integrantes de la estructura.
La investigación derivó tanto en actuaciones dentro del proceso penal como en el procedimiento de extinción de dominio sobre los bienes considerados relacionados con las actividades ilícitas.
El allanamiento realizado el 4 de agosto de 2020 en la vivienda de Orellana Gómez fue uno de los momentos determinantes, debido a que durante la diligencia se localizaron el dinero y uno de los vehículos posteriormente sometidos al proceso.
La decisión del juzgado establece así que los bienes no permanecerán bajo el dominio de los particulares señalados en el proceso, sino que serán incorporados al patrimonio del Estado, luego de que el tribunal determinara su relación con actividades ilícitas.
El caso también evidencia cómo una investigación penal puede derivar en un proceso patrimonial independiente, dirigido no solamente contra las personas involucradas en los hechos, sino contra los bienes que, de acuerdo con las pruebas presentadas ante el tribunal, fueron obtenidos como resultado de actividades ilícitas o utilizados para facilitar su ejecución.
