El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) afirmó que durante 2025 aumentaron las restricciones al acceso a la información pública, persistieron denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción y se redujeron los espacios para organizaciones sociales y periodistas
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador correspondiente a 2025, en el que advierte un deterioro en las condiciones para el ejercicio de derechos fundamentales, una creciente opacidad estatal y mayores obstáculos para la labor de organizaciones sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Durante una entrevista en Radio YSUCA, la coordinadora del OUDH, Fátima Peña, y el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Roberto López, explicaron que el informe fue elaborado en un contexto de fuertes restricciones para acceder a información oficial.
«Hay una política de opacidad bastante instalada en las instituciones del Estado», afirmó Peña, al señalar que entidades como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República han limitado progresivamente la entrega de datos públicos necesarios para monitorear la situación de los derechos humanos.
Ante las limitaciones para acceder a registros oficiales, el observatorio recurrió a una metodología de triangulación de información, combinando datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información, monitoreo de medios de comunicación, reportes de organizaciones nacionales e internacionales y testimonios ciudadanos.
Según Peña, esta metodología permitió documentar el comportamiento de cinco derechos fundamentales: derecho a la vida, libertad, integridad personal, acceso a la justicia y libertad de expresión y acceso a la información.
Roberto López señaló que el informe corresponde a «un año particularmente difícil» para la investigación debido al ambiente de temor, la desinformación y las restricciones para documentar casos.
«Fue un trabajo realizado en condiciones bastante adversas y con mucho miedo de las personas que querían brindar información», expresó.
Durante la entrevista, los investigadores sostuvieron que existen diferencias entre los registros oficiales y los documentados por el observatorio, debido a los criterios utilizados para clasificar las muertes violentas.
López explicó que algunas instituciones excluyen determinados casos de sus estadísticas oficiales, mientras que el OUDH procura incorporar todos los hechos documentados por respeto a las víctimas y sus familias.
En el caso de las mujeres, Peña alertó que el Estado ha dejado de utilizar la categoría de feminicidio en varios registros oficiales y ha comenzado a clasificar algunos casos bajo el concepto de «intolerancia familiar».
La investigadora advirtió que esta práctica invisibiliza la violencia de género y dificulta el diseño de políticas públicas para prevenir estos delitos.
«Si los feminicidios no son reconocidos como tal, también se dificulta hacer justicia y prevenir este tipo de violencia», señaló.
El informe también advierte sobre el impacto de los recortes presupuestarios a instituciones encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia.
Entre los hallazgos destaca una reducción de $4.3 millones al presupuesto del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), así como el cierre de sedes departamentales.
Según Peña, estas medidas, sumadas a la reducción de cooperación internacional y a la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, han debilitado la atención a mujeres, niñez y otras poblaciones vulnerables.
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de las personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción.
López cuestionó recientes declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, quien afirmó que las personas fallecen «en las cárceles o en los hospitales», al señalar que el Estado mantiene responsabilidad sobre quienes permanecen bajo su custodia.
«Lo que está clarísimo es que han sido muertes que se han dado dentro de las cárceles, bajo la tutela del Estado, y por tanto el Estado tiene la responsabilidad de esclarecerlas», afirmó.
El informe también expresa preocupación por las reformas legales que permiten imponer penas de hasta 30 años de prisión a adolescentes y juzgar a menores bajo criterios más severos, al considerar que estas medidas contravienen estándares internacionales sobre justicia juvenil.
El OUDH sostiene además que la Ley de Agentes Extranjeros ha tenido un fuerte impacto sobre organizaciones de derechos humanos, ambientales y de mujeres.
Peña aseguró que el impuesto del 30 % aplicado a fondos provenientes de cooperación internacional ha obligado a varias organizaciones a cerrar operaciones, reducir proyectos o trasladar parte de su trabajo fuera del país.
«La ley ha golpeado el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y prácticamente ha anulado el espacio cívico salvadoreño», afirmó.
El informe también documenta que durante 2025 decenas de periodistas y defensores de derechos humanos salieron de El Salvador debido al ambiente restrictivo para ejercer su labor.
López sostuvo que la falta de acceso a la información pública, junto con las presiones contra quienes investigan asuntos de interés público, ha generado un clima adverso para el periodismo independiente.
«El compromiso de quienes investigamos es seguir informando y, si no podemos hacerlo dentro del país, se buscan otras maneras de hacerlo desde fuera», manifestó.
Los representantes del OUDH insistieron en que el informe busca servir como herramienta para evaluar el estado de la democracia y promover el diálogo entre el Estado y la sociedad civil.
Asimismo, invitaron a la población a consultar el documento completo en el sitio web del observatorio y utilizarlo como insumo para el análisis de la situación de los derechos humanos en el país.
El documento puede descargarse acá:
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