La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, opinó sobre el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde principios del año pasado, y el cual ha mostrado varios retrasos a la fecha, incluyendo la propuesta de una reforma al sistema previsional que el gobierno debió haber presentado en febrero de este año.

Según la legisladora, que estuvo en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña, el silencio alrededor del acuerdo, que le permite acceder al gobierno a un financiamiento de hasta $1,400 millones (desembolsables en 40 meses), “dice mucho”, pues no implica solo una falta de información oficial del propio gobierno sino también del organismo multilateral.

En este sentido, Ortiz señaló que “es importante decir qué pasa con este préstamo”, al mismo tiempo que cuestionó que “hoy por hoy el país tuvo que haberse sometido a un segundo examen de esto y no conocemos resultados”.

El acuerdo del programa está sujeto a una serie de revisiones de los cumplimientos de las condiciones que el FMI impuso al gobierno para poder hacer uso de este financiamiento. Los resultados de la primera revisión se conocieron en junio del año pasado, sin embargo, los resultados de la segunda y tercera revisión, que estaban programados para septiembre de 2025 y marzo de 2026, aún no se conocen.

Debido a lo anterior, y a que hay una serie de incumplimientos o compromisos “que no se han cumplido a cabalidad”, de acuerdo con la parlamentaria, es que cuestiona “si ese préstamo se ha adquirido de la forma más responsable”, al mismo tiempo que reiteró que “ahora hay un silencio de las autoridades y hay un silencio también del Fondo Monetario”.

Según la representante del partido VAMOS, los funcionarios que gestionaron el acuerdo con el FMI deberían dar explicaciones al respecto, incluyendo al ministro de Hacienda, Jerson Posada.

Los incumplimientos que menciona la diputada Ortiz se relacionan a aspectos puntuales que el Fondo ha estipulado dentro del SAF, como el hecho de que las reservas de Bitcoin se mantengan sin cambios, sin embargo, a la fecha el gobierno ha continuado con su estrategia de comprar un Bitcoin al día, destinando para ello grandes cantidades de dinero proveniente de fondos públicos.

Asimismo, se suma la falta de una propuesta de reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, la cual el gobierno debió haber presentado a más tardar el pasado 10 de febrero, según el calendario oficial del programa con el FMI. Según análisis recientes de firmas como Fitch Ratings, la falta de esta propuesta y las continuas compras de Bitcoin estarían retrasando, precisamente, los avances en el acuerdo.

En este sentido, la legisladora recordó que “se han puesto condiciones para que el país, al recibir ese préstamo, no simplemente se endeude más, sino que genere una disciplina financiera hacia adentro del Estado y, entonces, pueda ir saliendo de esa situación de insostenibilidad (fiscal)”.

Por otro lado, también hizo referencia a los patrimonios de varios funcionarios que se hicieron públicos recientemente en el portal del Ministerio de Hacienda. Según la diputada, la publicación de esta información patrimonial “no ha sido porque tengamos gobernantes honestos, transparentes. Ha salido porque el Fondo Monetario lo había puesto como una condición”, al mismo tiempo que señaló que “ (los funcionarios) lo han hecho porque era necesario para que el FMI desembolsara más dinero. No es por buena voluntad, eso hay que tenerlo claro”.