Las autoridades conocieron el caso luego que la víctima detectó que alguien utilizaba su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM)
Las autoridades conocieron el caso luego que la víctima detectó que alguien utilizaba su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM)

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión a Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, tras demostrarse que ejercía ilegalmente la medicina utilizando el número de registro profesional de otra doctora. La imputada deberá cumplir la pena de cárcel en un centro penal del país.
El fallo judicial determinó que Cárcamo Jiménez es responsable de los delitos de ejercicio ilegal de profesión y falsedad material.
Según la resolución del tribunal, existió un «concurso ideal de delitos», quedando acreditado que la procesada actuó con pleno conocimiento y dolo al usurpar las funciones médicas y poner en riesgo a la población.
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Un reporte de Centros Judiciales consignó que la estructura delictiva comenzó a desmoronarse el 27 de mayo de 2025 cuando la víctima descubrió que su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) estaba siendo utilizado por un tercero.
Tras denunciar la irregularidad ante el Consejo Superior de Salud Pública, las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes.
La falsa doctora fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) el 30 de junio de 2025. Durante el registro de su supuesto consultorio clínico, las fuerzas de seguridad decomisaron:
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Las investigaciones fiscales y policiales demostraron que la sentenciada administraba un local donde simulaba el funcionamiento de un consultorio médico legítimo.
En dicho lugar, Cárcamo Jiménez no solo atendía de manera regular a pacientes y realizaba evaluaciones de salud, sino que también prescribía recetas y efectuaba procedimientos quirúrgicos sin poseer ningún tipo de formación ni credencial académica, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República resultaron contundentes para que el tribunal decretara la culpabilidad y la privación de libertad de la mujer.
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