La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción, luego de que el pleno avalara con 57 votos a favor y uno en contra el fondo de la pieza de correspondencia 1-A presentada vía dispensa de trámite durante la sesión plenaria 111. Dos diputados estuvieron ausentes durante la votación nominal y pública.

Previamente, la dispensa de trámite fue aprobada también con 57 votos favorables, permitiendo que la solicitud fuera discutida y votada en la misma sesión plenaria.

Con esta decisión, el régimen de excepción continuará vigente del 31 de mayo al 29 de junio de 2026, manteniendo suspendidas algunas garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución, relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones.

La medida fue aprobada originalmente el 27 de marzo de 2022, tras un repunte de homicidios atribuido a estructuras pandilleriles, y el pasado 28 de marzo de 2026 inició su quinto año de vigencia.

Durante la discusión legislativa, el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, defendió la continuidad de la medida y recordó el contexto en el que fue implementada.

“No podemos olvidar aquel fin de semana sangriento en marzo de 2022 cuando más de 60 salvadoreños fueron asesinados brutalmente por las pandillas”, expresó el parlamentario.

Navarro aseguró que el país “vivía secuestrado por el miedo” y afirmó que gobiernos anteriores no utilizaron herramientas constitucionales que, según dijo, sí han dado resultados bajo la administración actual.

El legislador sostuvo que El Salvador pasó de ser considerado uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en un “referente internacional en materia de seguridad”.

Según expuso durante su intervención, actualmente el país registra una tasa de 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes y acumula 1,225 días sin homicidios (no consecutivos) durante la gestión del presidente Nayib Bukele.

Asimismo, indicó que solo en mayo se contabilizaron 21 días sin homicidios y señaló que más de 91 mil presuntos pandilleros y colaboradores han sido capturados bajo el régimen de excepción.

Durante la lectura de la pieza legislativa, la diputada Elisa Rosales leyó la pieza en la que mencionó que la medida surgió para enfrentar “un fenómeno criminal sin precedentes” y aseguró que las acciones implementadas han tenido “un exitoso resultado”.

En la solicitud presentada por el Consejo de Ministros a iniciativa del presidente se señala que las autoridades han capturado a más de 91,990 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales y que se han alcanzado 1,195 días sin homicidios.

Reducción pero se mantiene régimen

Las cifras oficiales muestran una reducción sostenida en los homicidios registrados en el país durante los últimos años. Según los datos citados, en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, frente a los 114 registrados en 2024 y los 194 reportados en 2023.

Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado la continuidad de la medida, señalando denuncias sobre capturas arbitrarias, malos tratos, torturas y muertes en centros penitenciarios durante su aplicación.

Pese a ello, la bancada oficialista reiteró que la prórroga es necesaria para mantener los resultados obtenidos en materia de seguridad y continuar el combate contra las estructuras criminales.

Según las cifras de Medicina Legal (cuando se podía acceder a la información), en 2016 hubo 5,280 homicidios lo que representó una disminución del 20.7% en relación a 2025. La baja siguió en 2017 (25%) y 2018 (15.5%). En 2019, año en que ganó las elecciones Nayib Bukele, se registró un aumento del 28.3%, pero luego se pasó de nuevo a una tendencia de reducción, con un 49% menos en 2020, y un 0.9% menos en 2021, antes que entrara en vigencia el régimen de excepción.

Esta medida se toma desde marzo de 2022, año en el que hubo 615 homicidios en total (al menos los registrados oficialmente según los datos cotejados entre Medicina Legal y Policía Nacional Civil), lo que representó un 49.2% menos que en 2021. Y la tendencia siguió en esa línea, llegando a 194 homicidios en 2023 (baja de 68.5%), 114 en 2024 (baja de 41.2%) y 82 el año pasado (baja de 28.1%).

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