En 2009, la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia presentó su informe titulado Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma. La Comisión la integraron 14 personalidades latinoamericanas altamente reconocidas, entre ellas los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, de México, Ernesto Zedillo, y de Brasil Fernando Enrique Cardoso, el jurista peruano y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García Sayán, el ex ministro de Industria y Comercio de Venezuela y ex Director de la revista Foreign Policy Moisés Naim, el historiador mexicano Enrique Krauze, los escritores Sergio Ramírez de Nicaragua, Mario Vargas Llosa de Perú, Tomás Eloy Martínez de Argentina, y Paolo Coelho de Brasil.

En su informe, la Comisión afirma, inter alia, que “Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas”.

Así las cosas, la Comisión propone un cambio de paradigma y para lograrlo recomienda:

1. Transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.
2. Evaluar con un enfoque de salud pública, y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica, la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.
3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.
4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.
5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Por su parte, Kevin Casas-Zamora, ex vicepresidente y ex ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, en su artículo Drugs and Democracy: Toward a Paradigm Shift (Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma), vincula directamente el cultivo y el narcotráfico con los problemas de desarrollo en este parte del mundo, pues el narcotráfico se aprovecha de debilidades institucionales fundamentales, de la fragilidad y la corruptibilidad de los mecanismos de aplicación de la ley y, en última instancia, de la incapacidad del Estado en muchos países latinoamericanos para tener una presencia efectiva en su territorio. El narcotráfico se aprovecha al máximo de estas debilidades y las agrava, generando poderes paralelos que disputan el monopolio estatal de la fuerza.

Para el autor, el narcotráfico es un problema de desarrollo porque toda esa industria se beneficia de la existencia de un enorme ejército de reserva compuesto por jóvenes con oportunidades muy limitadas, pues una cuarta parte de la juventud latinoamericana ni estudia ni trabaja. Esta es una bomba de tiempo para la seguridad porque son muchos los jóvenes dispuestos a correr cualquier riesgo para ganarse la vida. El punto clave, insiste, es que si bien es cierto que la tragedia que se vive en este continente exige una profunda revisión de las estrategias antinarcóticos y una profunda introspección en los Estados Unidos, también exige que los países latinoamericanos se enfrenten a algunos de sus peores demonios que van más allá de las aparentes deficiencias de sus instituciones policiales que, en muchos sentidos, son meros síntomas de problemas básicos y pendientes del desarrollo y, por lo tanto, se trata de un problema compartido por el continente, en más de un sentido.

Además, Kevin Casas-Zamora hace hincapié en que una de las verdaderas tragedias del debate sobre narcóticos es que, en los Estados Unidos, se ha convertido en un debate moral en que cualquier intento por relajar un enfoque principalmente punitivo se considera una señal de debilidad ante la maldad. Efectivamente, cuando el mal se sitúa en el centro de esta discusión, resulta inútil razonar sobre los costos y beneficios de los diferentes enfoques políticos; cuando el mal es lo que está en juego, ningún precio es demasiado alto.

El enfoque actual de guerra contra el narcotráfico genera indecibles niveles de violencia. En su artículo titulado Las múltiples dimensiones de la violencia relacionada con las drogas, Angélica Durán-Martínez hace hincapié en que la “violencia generada por el narcotráfico también puede afectar a los ciudadanos directa e indirectamente. Para proteger su territorio, los criminales pueden atacar a ciudadanos que consideran sospechosos de pertenecer a bandas antagonistas o de ser informantes para el estado o para sus rivales. De la misma manera, las autoridades estatales pueden convertir en blancos a ciudadanos que consideran sospechosos de ser criminales o pueden victimizar a ciudadanos simplemente con el fin de presentar resultados tangibles. Algunos ciudadanos también pueden encontrarse atrapados en el fuego cruzado entre criminales y las fuerzas estatales cuando éstos utilizan la fuerza de manera más indiscriminada (por ejemplo, involucrándose en tiroteos en la calle). Más importante aún, los soldados o criminales de niveles inferiores que representan la mayor parte de víctimas y autores de violencia criminal, suelen ser jóvenes de comunidades marginalizadas. Sus muertes, aparentemente justificadas, pueden destruir el tejido social de sus barrios”.

La manera en que se libra la guerra contra el narcotráfico en la actualidad y la propuesta de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y democracia representan visiones muy diferentes, pero la diferencia de poder hace que predomine la primera, propia de los países consumidores. Entre los problemas de la política actual de guerra contra el narcotráfico se encuentra la debilidad de algunos de sus fundamentos, pues los países consumidores:

1. hacen caso omiso del principio económico de la oferta y la demanda y es bien sabido que donde hay demanda, la oferta encontrará la manera de alcanzarla;
2. trasladan toda la responsabilidad a los países productores y de tránsito, negando una realidad de responsabilidad compartida, y llevan la guerra a los países productores y de tránsito;
3. criminalizan el consumo y no prestan suficiente atención a la salud pública, con limitadas campañas de información para sus ciudadanos sobre los efectos del consumo de drogas y tratando de dar la impresión de que el mal viene de afuera;
4. priorizan, de acuerdo con lo que informan los medios, dar de baja a los transportistas que son los más pequeños en la estructura del narcotráfico, cuando se sabe que aún más esfuerzo debe ir a la persecución, captura y judicialización de los grandes jefes, cada día más vinculados al crimen organizado internacional, aplicando una importante expresión del mundo de habla inglesa: “follow the money” (siga el dinero).

El narcotráfico genera violencia y la guerra contra el narcotráfico genera violencia y, para muchas personas, las opciones son limitadas: desplazamiento o migración. Ahora bien, traficar personas se ha convertido en uno de los grandes negocios del crimen organizado. Así las cosas, Parker Asmann y Henry Shuldiner afirman en su escrito GameChangers 2024: El crimen organizado se beneficia del auge migratorio en América Latina, que con “el aumento de personas forzadas a abandonar sus hogares en Latinoamérica y el Caribe en 2024, el tráfico de migrantes pasó de ser una economía criminal secundaria a convertirse en una actividad central para algunos de los grupos criminales más poderosos de la región. Este cambio ocurrió en un contexto donde estos mismos grupos son una de las principales causas de la migración irregular, ya que provocan desplazamientos forzados mediante conflictos por el control de economías ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión”.

“Mientras huyen de la violencia”, continúan diciendo los autores, “la crisis ambiental y la incertidumbre económica, los migrantes se han convertido en una oportunidad de lucro para las redes criminales. Estas organizaciones no solo obtienen ganancias al facilitar el tráfico de migrantes, sino también mediante esquemas de extorsión y secuestros, lo que ha transformado a la economía migratoria en una de sus principales fuentes de ingreso”. Además, hacen hincapié en que “el abuso de los migrantes como actividad criminal es cada vez más importante”, como señaló Yael Schacher, directora para América y Europa en la organización Refugees International, y en que “con el endurecimiento de los sistemas de control migratorio, los migrantes terminan cayendo directamente en manos de los traficantes y dependen mucho más de ellos”. “El continuo endurecimiento de las políticas migratorias y la creciente inseguridad regional crean las condiciones perfectas para que los grupos del crimen organizado en Latinoamérica sigan aprovechándose de los disfuncionales enfoques migratorios en la región”.

Esa “violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra a las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región”, afirma en su informe la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia.

Las drogas son parte de un problema de desarrollo, pero, a la vez, la actual guerra contra el narcotráfico afecta el desarrollo de los países productores y de tránsito, provoca violencia y migración, permite la creación de economías sumergidas que financian el crimen organizado y corrompen a muchos sectores de la sociedad.

Abogado y diplomático salvadoreño.