Las continuas alzas en los precios de los combustibles siguen sin dar tregua al bolsillo de los salvadoreños, quienes desde principios de marzo han visto cómo el precio del galón de la gasolina y del diésel ha venido subiendo como consecuencia de la guerra que estalló en Irán el pasado 28 de febrero.

Esto ha provocado que los precios de referencia de los hidrocarburos se disparen con aumentos acumulados de casi $1 en los últimos meses, una situación que ya se vio en el país en 2022, cuando la guerra en Ucrania afectó también los precios internacionales del petróleo, provocando que las alzas fueran percibidas de forma directa en este lado del mundo.

Pese a que el choque económico es similar, la diferencia entre aquella coyuntura y la actual son las medidas que en su momento implementó el gobierno central para paliar los efectos negativos de estos incrementos, algo que incluyó la suspensión temporal de algunos impuestos que se le cargan a los combustibles en cada compra, como lo son el del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), también conocido como “impuesto de guerra”, o el de la Contribución al Transporte (Cotrans).

En marzo de 2022, de hecho, los precios de la gasolina y del diésel se encontraban por debajo de lo que se encuentran en este momento. Cuando el presidente Bukele anunció el 10 de marzo de ese año un paquete de 11 medidas, que incluía la suspensión de estos impuestos, la gasolina superior rondaba los $4.59 en la zona central, $0.15 menos que ahora, mientras que el diésel alcanzaba los $4.24 por galón, $0.20 menos que ahora. Solo la gasolina regular registraba un precio más alto en marzo de 2022 que en la actualidad, con $4.44 frente a los $4.41 por galón de la presente quincena.

En ese momento, la ministra de Economía señalaba que las medidas buscaban minimizar los efectos negativos para los bolsillos de los usuarios y también para proteger las finanzas de los micronegocios, sin embargo, para este 2026 no ha habido anuncios de este tipo pese a que las alzas son superiores.

Las razones para no implementar medidas de este tipo, que sí se están aplicando en países vecinos como Honduras y Guatemala, podría ser el fuerte costo que significa para las finanzas públicas, pues solo entre marzo y julio de 2022 el costo por fijar los precios de los combustibles ascendió a unos $246 millones, según las cifras que dio en su momento el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien además señaló que el gobierno dejaba de percibir hasta $2.2 millones diarios en concepto de los impuestos suspendidos.

Compromisos con el FMI

En este sentido, en la actualidad el país se encuentra en un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual el gobierno ha asumido distintos compromisos relacionados con sanear las finanzas públicas, lo que incluye la disminución del gasto público, la reducción del déficit fiscal o la estabilización de la deuda.

De manera puntual, un informe reciente publicado por la firma Fitch Ratings, hace alusión, precisamente, a este tema y apunta que el incremento en los precios del petróleo es “el principal riesgo fiscal a corto plazo si provoca esfuerzos para gestionar los precios nacionales del combustible a un coste fiscal, como ocurrió en 2022”.

Estos esfuerzos que está implementando el gobierno, y que se encaminan hacia una consolidación fiscal en el marco del programa con el Fondo, limita la capacidad para implementar medidas como la suspensión de los impuestos de los combustibles, sobre todo, porque el FMI ha sido muy enfático en la necesidad de hacer más eficiente el gasto y el manejo de las cuentas estatales.

Aún así, hasta la fecha ni el Ministerio de Economía ni el de Hacienda han anunciado ningún tipo de medida enfocada en reducir el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, en un contexto en el que los efectos ya se observan en aspectos como la inflación, los precios de las materias primas que importa la industria salvadoreña o el costo del flete marítimo, incluyendo el aumento en las tarifas que cobra el sector del transporte de carga por mover mercancías en la región.