Diversos tribunales del país emitieron en las últimas horas una serie de resoluciones en casos de estafa, homicidio y tentativa de feminicidio, que dejan condenas de hasta 62 años de prisión y procesos en curso contra los imputados.

Uno de los fallos más relevantes fue dictado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que condenó a 62 años de prisión a Edwin Oswaldo Ortiz Recinos por el delito de estafa agravada en perjuicio de ocho víctimas. Además, el imputado deberá pagar $49,300 en concepto de responsabilidad civil.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre enero y septiembre de 2021, cuando Ortiz se hacía pasar por importador de vehículos y ofrecía automóviles supuestamente traídos de Estados Unidos. Tras recibir adelantos de dinero, incumplía la entrega y brindaba excusas a los afectados.

Las autoridades detallaron que el condenado ya cumple otra pena de 290 años de prisión por casos similares, en perjuicio de 57 víctimas, lo que evidencia un patrón reiterado de estafas.

En otro proceso, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 39 años de prisión a Wilmer Arnoldo Rivera, alias “Duke”, por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Según la resolución judicial, Rivera ordenó el asesinato de un miembro de su misma estructura criminal desde el centro penal donde se encontraba recluido. El crimen habría sido motivado por conflictos internos relacionados con una relación sentimental de la víctima.

El imputado, identificado como primer palabrero de la pandilla 18, también dirigía acciones delictivas desde prisión. En el mismo caso, Kevin Orlando Trujillo Roque, alias “Gibby”, fue condenado a 9 años de cárcel por su rol de liderazgo dentro de la estructura.

Asimismo, otros nueve pandilleros recibieron condenas de 5 años de prisión por agrupaciones ilícitas. Las autoridades señalaron que estos operaban en distintos sectores de Apopa, en San Salvador Oeste. Ocho de los imputados fueron condenados en ausencia y la sentencia se dictó bajo el Código Penal anterior.

Por otra parte, en Santa Ana, el Juzgado Tercero de Paz ordenó que continúe en prisión provisional Víctor Alfonso G. R., de 33 años, acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa contra una mujer de 77 años.

El hecho ocurrió el pasado 2 de abril de 2026 en la lotificación Jardín, cantón Cantarrana, en Santa Ana Centro. Según las investigaciones, el imputado conoció a la víctima ese mismo día y posteriormente le propuso sostener relaciones sexuales. Ante la negativa, el sujeto habría ejercido violencia física, provocándole lesiones graves.

La víctima fue trasladada al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, donde recibió atención médica. El Instituto de Medicina Legal determinó que sufrió un trauma craneal que puso en riesgo su vida, con un periodo estimado de recuperación de 30 días.

En otro caso de estafa, el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra José René Avilés Clímaco, de 41 años, acusado de estafar a siete personas mediante supuestos trabajos de carpintería.

Según el expediente, el imputado se promocionaba en Facebook ofreciendo servicios de fabricación de muebles. Tras ser contactado, visitaba las viviendas, tomaba medidas y solicitaba adelantos de hasta el 50% del costo; sin embargo, no cumplía con la entrega de los trabajos.

Entre los servicios ofrecidos figuraban la elaboración de clósets, pantrys y muebles de cocina. El perjuicio económico total asciende a $3,062, según las autoridades.

Durante la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios sobre la comisión del delito y la posible participación del acusado, por lo que el proceso avanzará a la fase de instrucción formal.

Estas resoluciones reflejan el avance de distintos procesos judiciales en el país, en medio de los esfuerzos de las autoridades por combatir tanto la criminalidad organizada como los delitos patrimoniales que afectan a la población.

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