Imponen 50 años de prisión a pandilleros por asesinato de pescador y dictan otras condenas
Las resoluciones judiciales, emitidas en distintos tribunales del país, incluyen penas de hasta 50 años de cárcel por delitos cometidos en La Unión, San Salvador, Santa Ana y otras localidades
Cuatro personas fueron condenadas por el asesinato de un hombre en Metapán. Foto EDH/Cortesía Centros Judiciales.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre varias condenas obtenidas en diferentes procesos penales, entre las que destaca la imposición de 50 años de prisión contra dos pandilleros del Barrio 18, encontrados culpables del asesinato de un pescador en el departamento de La Unión.
De acuerdo con las investigaciones, Carlos Iván Reyes y Mario Umanzor atacaron a la víctima cuando esta salió del cantón Playas Negras rumbo a la isla Conchaguita para recoger a un compañero de pesca. Horas después, familiares y conocidos perdieron toda comunicación con el pescador.
Al día siguiente, ambos imputados acudieron a un restaurador para solicitarle que modificara la pintura de una lancha con características similares a la que utilizaba la víctima. Durante ese proceso, manifestaron haber asesinado al propietario de la embarcación. Un testigo del caso corroboró que, en ese momento, ya circulaban en redes sociales avisos sobre la desaparición del pescador, junto con imágenes de su lancha.
Además de la condena por homicidio, los procesados también enfrentarán responsabilidad penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Condenas por extorsión en Apopa
En otro caso, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Magali Andrea Landaverde Torres y Santos Elizabeth Espinoza Flores por extorsión agravada.
Según la resolución judicial, los hechos ocurrieron en 2023, en el distrito de Apopa, donde los imputados, vinculados a la pandilla 18, facción Revolucionarios, exigían dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas.
En el mismo proceso, otras 18 personas fueron condenadas a 20 años de cárcel por el mismo delito. La juzgadora estableció que al menos diez personas resultaron afectadas por estas acciones.
25 años de cárcel por homicidio en Metapán
Asimismo, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana impuso penas de 25 años de prisión a Erick Ernesto Alarcón Pedraza, Ana Luisa García Murcia, Raúl Antonio Alonzo López y Claudia Jazmín Romero Murcia, como coautores de homicidio agravado.
El crimen ocurrió la madrugada del 8 de agosto de 2024, cuando la víctima departía con los ahora condenados en una gasolinera de Metapán. Posteriormente, todos se trasladaron en un vehículo, donde la víctima fue atacada con objetos contundentes hasta causarle la muerte.
Tras el homicidio, los responsables planificaron cómo deshacerse del cadáver y eliminar evidencias. El cuerpo fue localizado en una quebrada del caserío Hacienda Vieja, en el cantón Carrizalillo. El tribunal también los condenó al pago de responsabilidad civil.
18 años por intento de homicidio en Soyapango
En otro fallo, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión a Edwin Benedicto Cañas Villegas por homicidio agravado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de febrero de 2025, en la colonia Las Flores, en Soyapango, donde una discusión entre familiares derivó en una agresión violenta. La víctima logró huir de la vivienda, pero fue alcanzada por el imputado, quien la golpeó y la lanzó a un barranco.
Horas más tarde, fue encontrada inconsciente por lugareños y rescatistas, quienes la trasladaron a un centro asistencial. Según el peritaje médico, las lesiones sanaron en aproximadamente 60 días.
En el mismo caso, Katherine Padilla Quiteño y Jesús Adalberto Cañas Villegas fueron condenados por lesiones graves a penas de tres años y tres años con ocho meses, respectivamente. La pena de Quiteño fue sustituida por trabajos de utilidad pública.
Estafaban con viviendas
Finalmente, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres personas por estafa agravada continuada, tras comprobarse que ofrecían viviendas deterioradas como si fueran nuevas.
Los condenados —René Armando Alvarado Villatoro, Omar Alexander Flores Ramos y Manuel Rodríguez Rivera— integraban una estructura que comercializaba inmuebles en zonas de alto riesgo, presentándolos falsamente como aptos para financiamiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008 y afectaron a al menos siete víctimas. El tribunal ordenó, además, la restitución de $257,013.56 en concepto de responsabilidad civil.
En cuanto a las penas, Alvarado Villatoro y Flores Ramos recibieron condenas de tres y dos años de prisión, respectivamente, sustituidas por trabajos de utilidad pública; mientras que a Rodríguez Rivera se le otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, bajo el cumplimiento de reglas establecidas por el juzgado.
